Según informaron las entidades denunciantes en una nota, el escrito, segundo que elevan a la ONU en la legislatura, menciona el “reciente” y “controvertido” nombramiento del nuevo presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ya que, a su juicio, atendiendo a los estándares internacionales en la materia, para salvaguardar la imparcialidad e independencia judicial es necesario que el procedimiento sea “claro, transparente y libre de presiones e influencias”, así como que los criterios de nombramiento sean “objetivos y basados en la integridad y capacidad profesional”.

En ese sentido, las organizaciones denunciantes explican que la no renovación de José Manuel Sieira Míguez “marca un hito, al tratarse de la primera vez en la historia del Alto Tribunal que un presidente de Sala no es renovado para un segundo mandato, y todo ello, pese a llevar 22 años siendo magistrado del Supremo, de los cuales los últimos cinco ejerciendo como presidente de esta sala”.

Del mismo modo, entienden que esta decisión, que no ha sido justificada por el CGPJ, se produce en un “contexto de indicios de injerencias del Gobierno”, lo que representa, dicen, “una manifestación más de la situación difícil que atraviesa la independencia judicial en España y, en concreto, de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, cuya consecuencia está siendo una merma de la independencia judicial”.

“Las presiones del poder político para controlar la judicatura han llegado a niveles que no tienen equivalentes en toda la etapa democrática. Los intentos políticos de influenciar los altos tribunales están erosionando gravemente la credibilidad de nuestras instituciones judiciales”, aseveró Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia.

Al mismo tiempo, consideran que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “afectaría especialmente a las causas por corrupción política, al impedir a los jueces realizar todas las investigaciones necesarias para la averiguación de los hechos delictivos”.

El escrito también pone de manifiesto que la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial “tiene un impacto en la seguridad jurídica”, sin que se haya producido, además, “una verdadera consulta con las organizaciones de la sociedad civil" ni se hayan tenido en cuenta “las opiniones de los operadores jurídicos”.

"La situación en cuanto a la falta de independencia judicial en nuestro país es insostenible porque supone una vulneración flagrante a uno de los elementos más esenciales del Estado de Derecho y porque sin jueces independientes los derechos y libertades de toda la ciudadanía están en peligro”, concluyó Lydia Vicente, directora ejecutiva de ‘Rights International Spain’.