Según informa Agricultura, los inspectores de pesca están recabando documentación física y electrónica en la sede de varias empresas situadas en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense.

Estas inspecciones, que cuentan con la autorización judicial en el marco de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa y el amparo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se prolongarán durante los próximos días.

Las empresas inspeccionadas y sus responsables podrían enfrentarse a sanciones de hasta 600.000 euros por cada infracción muy grave detectada, y la inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras.