Carmena formuló este compromiso este martes en un acto en el Ayuntamiento con representantes de la asociación Yo No Me Voy. En este colectivo se han agrupado los inquilinos de viviendas municipales adjudicadas en 1986 que habían visto renovados automáticamente sus contratos hasta 2012, cuando el anterior gobierno municipal, según estos inquilinos, empezó a presionarles para que abandonaran las casas para venderlas a fondos de inversión.

La alcaldesa anunció que “el Ayuntamiento va a desistir de estos lanzamientos”, porque el actual Gobierno municipal considera fundamental el derecho a la vivienda y prometió que, a partir de ahora, “el panorama va a ser diferente y sobre todo más justo”.

Además de a a las 222 familias reunidas en la asociación Yo no Me Voy, Carmena quiso hacer esta promesa extensiva a las más de 2.000 que el Ayuntamiento calcula que viven en viviendas municipales en esta situación. “Estamos localizándolos y diciéndoles que no tienen por qué preocuparse, porque todos los contratos firmados en 1986 son válidos y no tienen que tener miedo a perder sus viviendas”, subrayó.

"LOS PELOS COMO ESCARPIAS"

El presidente de la Asociacion Yo No Me Voy, Alberto Romeral, agradeció a Carmena y a los nuevos responsables de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo que les recibieran en cuestión de días después de que los anteriores no lo hicieran en más de un año. “Se me ponen los pelos como escarpias ante la agilidad de los nuevos mandatarios”, enfatizó.

Romeral dijo que los anteriores responsables públicos sólo les mostraron “malas palabras” pretendiendo hacerse dueños de un patrimonio “que no es de ellos” y que podían venderlos a fondos de inversión. Según explicaron los responsables de Yo No Me Voy y el abogado de la asociación Endika Zulueta, los contratos se renovaban automáticamente cada dos años si las circunstancias económicas de los individuos no habían cambiado y no habían adquirido otros pisos, pero a partir de 2012 “el anterior gobierno municipal les fue hostigando para venderlos”.

La lucha de los vecinos comenzó en 2012 cuando, según Yo No Me Voy, el Ayuntamiento de la capital quiso vender a Renta Corporación, cinco edificios donde vivían unas 100 familias, por valor de 21 millones. Con posterioridad, otras familias se unieron a la asociación hasta llegar a las 222.

Los inquilinos se negaron a marcharse y empezaron a entablar procesos judiciales, en los cuales llegaron a perder algunos juicios por el concepto dudoso de “prórroga forzosa” de los contratos. Romeral aseguró que la EMVS dejó de pasarles recibos para dejarles en condición de “okupas” y les ofreció un nuevo contrato con fecha de expiración para no renovar automáticamente el arriendo, que los inquilinos rechazaron firmar para evitar que los pisos pudieran venderse a fondos de inversión.