En un encuentro informativo con Servimedia, Catalá se refirió a las respuestas que puede dar el Gobierno central ante las intenciones manifestadas por Mas, Oriol Junqueras y los otros impulsores de la llamada lista unitaria.

A este respecto, el titular de Justicia dijo que es “un poco especulativo” hablar de las irregularidades que puede cometer Mas para aplicar lo que ha acordado con Junqueras y otras entidades soberanistas. “Tratar de imaginar”, aseguró el ministro, “qué puede hacer el Gobierno de Cataluña o su presidente que no se adecúe al ordenamiento jurídico es un escenario poco deseable y, hasta yo me atrevería a decir, poco imaginable”.

En todo caso, Catalá apuntó que el “primer acto” que podría ser examinado es la convocatoria de las elecciones catalanas anunciadas para el 27 de septiembre. Según el ministro, si Mas se limita “a hacer una convocatoria para diputados al Parlamento de Cataluña, no habrá ningún problema, pero ahí ya podría haber un primer análisis de legalidad”.

“MECANISMO EXTRAORDINARIO”

Añadió que luego se constituiría el Parlamento autonómico y, según lo anunciado por los promotores de la llamada lista unitaria, desde la nueva Cámara regional se tomarían “no sé qué tipo de actuaciones”, en referencia a que el acuerdo de Mas y Junqueras contemple declarar la independencia en unos meses.

Según Catalá, “todos esos pasos” son los que hay que analizar, pero hay que hacerlo “con la normalidad propia de un Estado de derecho, que lo que asegura es que todos estamos sometidos a las leyes y que, por lo tanto, nadie puede estar al margen de la legalidad”.

Al mismo tiempo, el titular de Justicia se refirió a la eventualidad de que el Ejecutivo deba hacer frente a una declaración unilateral de independencia en Cataluña a partir del artículo 155 de la Constitución, que contempla suspender las competencias de una comunidad autónoma en casos excepcionales.

Según el ministro, este artículo “es un mecanismo extraordinario que no ha sido necesario utilizar en los 37 años de vigencia de nuestra Constitución”. “Por lo tanto, está ahí”, continuó, “pero evidentemente es una medida extraordinaria que surge en casos de incumplimiento grave de obligaciones por parte de una comunidad autónoma”. “No ha hecho falta hasta la fecha utilizarlo y confío en que así siga siendo”, remarcó.