Los socialistas querían que el ministro explicara, en una sesión extraordinaria de la Comisión correspondiente, cómo piensa garantizar el acceso a esa píldora tras la sentencia del Tribunal Constitucional referida a un farmacéutico de Sevilla y a la que se podrían acoger otros.

Ese temor lo expresó en su intervención el portavoz socialista, José Martínez Olmos, interesado en saber cómo piensa el Gobierno respetar esa sentencia pero al mismo tiempo asegurar el acceso a esa píldora por parte de toda mujer que la requiera.

El portavoz socialista subrayó que esa sentencia genera incertidumbre, y reiteró la necesidad de mantener la accesibilidad a esa píldora, que junto a otros factores ha permitido reducir el número de embarazos no deseados y con ello el de abortos.

En nombre del Grupo de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural, Ana Castaño apoyó la petición y criticó el “proceso de involución” de derechos y libertades desde el comienzo de la legislatura.

Expresó su “perplejidad” por la sentencia, y equiparó la objeción de conciencia de ese farmacéutico con la de los jóvenes que en su día se negaban, por sus convicciones antimilitaristas, a cumplir el servicio militar obligatorio. La diferencia, dijo, es que ellos tenían que atenerse a las consecuencias, incluso con penas de prisión.

Carles Campuzano, en nombre de los diputados de Convergencia y de Unió, apoyó también la petición y coincidió en la “perplejidad” por la sentencia. La clave, dijo, es saber cómo el Gobierno piensa, dentro de sus competencias, desarrollar una política efectiva en materia de salud sexual y reproductiva.

También respaldó la petición el portavoz de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, que se limitó a exponer su coincidencia con los argumentos de los socialistas.

En nombre del PP, Mario Mingo subrayó que el acceso a esa píldora es hoy más fácil que cuando gobernaba el PSOE, y precisó que son las comunidades autónomas quienes deben garantizar que esa píldora está en las farmacias.

De hecho, añadió, la sentencia no es contra el Gobierno, sino contra la Junta de Andalucía porque “no ha respetado la libertad de conciencia” de ese farmacéutico, al que sancionó por no haber dispensado la píldora. Mingo aprovechó su intervención para subrayar que se trata de un contraceptivo de emergencia, indicado bajo determinadas condiciones, no completamente seguro y con efectos secundarios, por lo que es “perfectamente razonable e incluso aconsejable” tener en cuenta la opinión de los facultativos.