En un comunicado, Gestha explica que los procedimientos de la AEAT obligan a que una sospecha se convierta en un indicio racional de la presunta comisión de un delito fiscal, por lo que tiene que ser completado y comprobado con una investigación exhaustiva.

Por eso, no les resulta creíble que García-Valdecasas contestara al juez Antonio Serrano que no conoce la diferencia entre “indicios” y “sospechas”, porque “no es una experta judicial”.

En concreto, la resolución de la AEAT para la organización y atribución de funciones a la inspección de los tributos precisa que cuando los equipos o unidades de la ONIF aprecien hechos que puedan ser constitutivos de delito contra la Hacienda Pública, los pondrán en conocimiento del jefe de la ONIF.

"De esta forma, la AEAT nunca debió acudir a la Fiscalía de Madrid para sortear a la Fiscalía anticorrupción que en enero de este año vio que era un informe endeble que no podía sustentar las acusaciones que contenía sobre Rodrigo Rato y que acabó con su detención y los expeditivos registros realizados", puntualiza Gestha.

Por ello, lamentan que los jefes de la AEAT firmen lo que los funcionarios les ponen encima de la mesa, ya que materialmente no pueden estudiar los centenares de miles de expedientes tributarios que cada año se terminan.

Según Gestha, esta práctica “habitual” es "una traba a la eficacia y a la transparencia de la Agencia Tributaria.