El trabajo sigue la metodología desarrollada por el economista Ángel de la Fuente, Ramón Barberán (Universidad de Zaragoza) y Ezequiel Uriel (Universidad de Valencia) en el marco de un proyecto de investigación comisionado por la Fundación SEPI. Desde Hacienda explicaron que un saldo relativo negativo quiere decir que la región paga más impuestos por habitante que la media o recibe menos gasto.

Del análisis de los datos del conjunto de regiones se desprende que “el saldo fiscal tiende a empeorar según aumenta la renta per cápita, de forma que los territorios más ricos generalmente presentan déficits fiscales mientras que los de menor renta suelen disfrutar de superávits”, indicó el Ministerio.

Además de Madrid y Cataluña, otras dos regiones presentan un saldo negativo. Se trata de Balerares (-1.330 millones de euros) y la Comunidad Valenciana (-1.453 millones de euros).

El resto presentaron un saldo fiscal positivo en 2012: Andalucía (8.531 millones de euros), Galicia (3.946), Canarias (3.479), Castilla y León (2.933), Extremadura (2.655), Castilla-La Mancha (2.291), Asturias (1.828), País Vasco (1.562), Aragón (509), Navarra (371), Cantabria (270), Murcia (98) y La Rioja (42). Por su parte, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla arrojaron un saldo positivo de 721 millones.

De acuerdo con el SCPT, los flujos redistributivos entre regiones ascendieron en 2012 a un 2,8% del PIB español. Desde el punto de vista de las regiones receptoras netas (con saldos fiscales positivos), los flujos de entrada representaron un 5,5% de su PIB, mientras que para las regiones contribuyentes netas, los flujos de salida supusieron un 5,6% del PIB.

Casi un 70% de los saldos fiscales regionales se deben simplemente a que en los territorios con mayor renta se pagan más impuestos que en los más pobres. El otro 30%, que es el “potencialmente más problemático”, se corresponde con decisiones relacionadas con políticas de gasto, en algunas de las cuales podría haber una mayor discrecionalidad.

Según Hacienda, aquí tienen un papel importante la financiación regional, con un peso del 14%, las ayudas regionales (7,9%) y las subvenciones a ciertos sectores productivos (9,6%), especialmente la agricultura.

Sin embargo, el gasto en infraestructuras y transporte tiene un papel generalmente “muy menor” en los saldos fiscales regionales, con un peso medio del 1,8%, y también lo hace en promedio el gasto en protección social, con un 0,4%.