Entre los promotores de esta iniciativa está José Antonio García Rubio, responsable federal de Economía y Empleo. También Miguel Reneses, que fue relevado como secretario de Organización y sustituido por Adolfo Barrena.

La han impulsado también Julián Sánchez Urrea, Julián Sánchez Vizcaíno, Lali Vaquero, Lidia Fernández, Luis María González, Teresa Fernández, Rubén Bejarano, Carlos Gutiérrez, Laura Blázquez y Daniel Morcillo.

Se trata de una demanda "de procedimiento sumario y preferente para la tutela judicial del derecho fundamental de asociación y participación política" en la que solicitan la suspensión del acuerdo adoptado por el Consejo Político de IU el 14 de junio, por el que se procedió a desvincular a Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid de la organización federal de de la coalición.

Los demandantes consideran que ese acuerdo es "nulo y contrario al ordenamiento jurídico vigente”, ya que las actuaciones concretas derivadas del mismo y que están siendo ya aplicadas "vulneran el derecho fundamental de asociación" de los afiliados y, en caso de mantenerse en el tiempo, serán "de total e imposible reparación".

Los demandantes se encuentran entre los afectados y solicitan por ello la suspensión de ese acuerdo.