La portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, afirmó en una nota que “nos jugamos la credibilidad en las instituciones con esta cuestión. La transparencia es una obligación de quienes gestionamos los recursos públicos. Por lo tanto es necesario tener toda la información en tiempo y forma respecto a las políticas que hacemos, también respecto a la contratación pública, convenios y subvenciones, así como relativa a gastos y gestión de recursos humanos”.

Asimismo, Causapié propuso que el Gobierno de Manuela Carmena ponga en marcha un Código Ético para los representantes públicos que recoja compromisos claros y detallados sobre incompatibilidades, aceptación de regalos y obligación de cese cuando el representante público esté encausado en procedimientos judiciales sobre corrupción o violencia de género.

Finalmente, incidió en la necesidad de crear la Oficina Antifraude, entre cuyas competencias debe estar la investigación del uso ilegal de fondos públicos, prácticas fraudulentas y aprovechamiento privado de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del Ayuntamiento.