Además, dijo que en el caso de las menores de edad es “imprescindible” devolver a los padres “la capacidad de apoyar a sus hijas” en ese momento o que conozcan la evolución de la gestación en la que se encuentran.

González recordó también que el PP ha evitado entrar en el debate parlamentario en materia de aborto porque el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentó el partido sobre la ley vigente, aprobada por el PSOE en 2010.

En este sentido, la diputada popular rememoró que algunos dirigentes socialistas cuestionaron “la falta de garantías” de la Ley de Zapatero porque las jóvenes podrían alegar “cualquier tipo de conflicto para no informar a sus padres”.

Por alusiones, el diputado socialista José María Barreda reconoció que dijo que si su hija tuviera que abortar le gustaría que se lo dijera “para poder acompañarla”, aunque matizó que ha cambiado de opinión porque le habían convencido los argumentos que defienden los socialistas en materia de aborto, a lo que González añadió que en algunos grupos políticos es “habitual” cambiar de opinión.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista intervino Ángeles Álvarez, que recriminó al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, que hubiese “huido” del Congreso “cuando le toca un turno a una ley que reprime a las mujeres” tras “festejar” la Ley de Infancia, también debatida este jueves.

Asimismo, Álvarez pidió a la prensa que se fijase más que “en cuántos diputados conservadores van a romper la disciplina de voto” sobre el aborto, en que el PP va a romper la vida de “cientos de jóvenes” a quienes se les impedirá decidir sobre su maternidad. Según las clínicas de interrupción del embarazo, cada año 500 mujeres jóvenes encuentran oposición en su familia para abortar. “Las condenan a una maternidad impuesta o a un aborto inseguro”, agregó.

Álvarez, que también fue interrumpida por aplausos en varias ocasiones, anunció, en nombre de las asociaciones feministas que seguían el debate, que el PSOE devolverá “los derechos a las mujeres” si el PP “se atreve a quitárselos”.

LA BUENA NOTICIA

Arrancó el debate el diputado de UPN Carlos Salvador, defendiendo que la ley de 2010 es “inconstitucional” y que “abortar a un ser humano no puede ser un derecho humano”, por lo que “cada vida importa”. Asimismo, aplaudió que los Presupuestos del Estado contemplen “la buena noticia” de una partida económica específica para apoyar a las madres.

A continuación, la diputada gallega Olaia Fernández, del Grupo Mixto, recordó que más del 90 por ciento de las menores que abortan van acompañadas por sus progenitores, y que en el caso del 10 por ciento restante esa ausencia estaba justificada. Por ello, calificó de “grave injusticia” y de “ley arbitraria que da respuesta a una minoría minoritaria” por “mero oportunismo electoral” la norma debatida este jueves en el Congreso, “porque desprotege a estas menores que ya no cuentan con la protección de sus progenitores”.

El parlamentario catalán Joan Tardà defendió “a ultranza” la ley de 2010, en la que reconoció que hicieron renuncias, pero que fue “una ley de consenso”. “Si no fue de máximo consenso fue porque la derecha no quiso pactar nada”, agregó, por lo que anunció que en la modificación de la normativa su grupo pugnará por cuestiones como las relacionadas con el plazo de las 22 semanas, la penalización del aborto y el acceso a anticonceptivos de nueva generación.

EXCUSA EMOCIONAL

A continuación tomó la palabra la diputada vasca Onintza Enbeita, que lamentó que con la legislación que debatió el Congreso “las mujeres seremos menos libres sobre nuestros cuerpos” con la “excusa emocional” esgrimida por el PP del consentimiento paterno para que las menores puedan abortar. “¿No se han planteado la educación sexual para evitar embarazos no deseados? Para la educación, la Lomce y para las mujeres, restricciones”, concluyó.

Por el PNV habló Joseba Andoni Agirretxea, que le recriminó al PP las “vueltas” que ha dado a la ley “para poder sacarla adelante teniendo una mayoría como tiene”. Además, recordó que esta modificación es “de consumo interno”, ya que sólo el 3,6% de las mujeres que abortan son menores y el 0,54% lo hacen sin consentimiento.

Carlos Martínez Gorriagán, por UPyD, mostró su negativa a apoyar la reforma legal, que calificó de “innecesaria”, porque “rompe un consenso al que costó mucho llegar”. “La ética pública no puede ser la derivación de una ética confesional”, agregó, pidiendo que la decisión de interrupción del embarazo se dé “en las mejores condiciones sanitarias y jurídicas” y que se legisle “una ley de plazos pura” que dé a la madre gestante la potestad de decidir hasta un determinado momento.

LA VERDADERA LEY DEL ABORTO

En el turno de La Izquierda Plural, Ascensión de las Heras indicó que la presión de los colectivos feministas detuvo “la verdadera ley del aborto” que “despertó todas las alarmas dentro y fuera” de España y “les costó un ministro”.

“Ahora, en el último minuto de la legislatura, nos vemos abocadas a esta reforma absolutamente innecesaria”, agregó, para “aplacar el descontento” en las filas del PP “a costa de poner en riesgo” a las mujeres más vulnerables, “de la forma más despreciable”, obviando, según la diputada, los principales informes sobre el tema. Y reclamó al Gobierno que defendiese “con hechos constatables” “qué ha hecho” en materia de violencia de género.

Concepció Tarruella, por Unió Democrática de Catalunya, manifestó que “ninguna mujer interrumpe su embarazo por gusto”, un momento “muy duro” para cualquier mujer que se está tomando “como una arma electoral y de desgaste al adversario”. Sin embargo, mostró su acuerdo en que las menores obtengan el consentimiento paterno para abortar, aunque también anunció que esperarían al fallo del Constitucional para pronunciarse sobre el resto de medidas que se quieren modificar.

Su compañera de grupo, Lourdes Ciuró, en nombre de Convergència Democràtica de Catalunya, alegó que “ejercer la patria potestad no depende de las leyes, sino de quien ejerce el derecho”. Asimismo pidió “objetividad” al PP y protestó porque ser una menor de 16 o 17 años “no es lo mismo” que tener capacidad legal modificada. “Deberían ser auténticos trajes a medida”, solicitó.