A través de un comunicado, Martínez-Almeida también echó en falta el apoyo de los diputados de la oposición durante la tramitación del texto en el Senado. Al mismo tiempo, insistió en que “es necesario impulsar políticas orientadas a prevenir que los niños y niñas entren en el sistema de protección”, pues es “tan importante reforzar el sistema de protección de la infancia como impulsar medidas que eviten que entren en el propio sistema”.

Desde la Plataforma de Infancia, que aglutina a más de medio centenar de organizaciones que defienden los derechos de los menores, también se subrayó que en la actualidad “resulta imprescindible trabajar en medidas concretas que aseguren que ningún niño o niña en España esté en situación de pobreza o de exclusión social”.

MODIFICA LAS ADOPCIONES

También destacó la reforma “responde mejor” a los principios y disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como a las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas hizo a España en 2010.

La normativa, que ha contado con aportaciones de la Plataforma, vincula a una veintena de leyes y modifica, entre otros, el sistema de adopciones, la regulación de los centros de menores de edad con trastornos de conducta, el papel de los niños y niñas en los procedimientos judiciales o su protección frente a situaciones de violencia de género.

Entre sus diversas mejoras, la Plataforma de Infancia destacó cuestiones como una mejor regulación del principio del interés superior del menor y avances con respecto al derecho del niño a ser escuchado y al derecho de información y asistencia por parte de las Administraciones Públicas.

Las ONG también subrayan que este nuevo modelo supone una reforma “en profundidad” del sistema de protección tanto en la entrada con la regulación de la guarda voluntaria como en las medidas de protección existentes: acogimiento familiar, residencial y adopción.