La UPF defendió en un comunicado la legalidad de las actuaciones practicadas por el juez Garzón, acusado por el Tribunal Supremo de un presunto delito de prevaricación para investigar los crímenes acaecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

A su juicio, la investigación de esos delitos está "completamente ajustada a la legalidad nacional e internacional", por lo que "la actuación del juez Garzón de ningún modo puede considerarse jurídicamente infundada o arbitraria".

La UPF recordó, además, que la actuación de Garzón contó con el apoyo de parte de algunos integrantes de los tribunales.

Además, manifestó su desacuerdo con la imputación del juez y criticó que pueda acabar sentado en el banquillo por la iniciativa "de organizaciones relacionadas con la derecha más extrema de este país, herederas directas de algunas de las implicadas en los crímenes investigados".

Por otro lado, recordó "el impulso de Garzón (...) en el proceso relacionado con la dictadura de Pinochet, con todo lo que ello supuso para poner fin a la impunidad en este tipo de crímenes" cometidos durante un régimen carente de libertades.

La UPF considera que criminalizar la discrepancia jurídica "en base a querellas palmariamente sospechosas pone en grave peligro la función jurisdiccional y la independencia judicial".