En su intervención en el Pleno del Congreso para defender el decreto, Blanco reiteró el compromiso de su departamento de rebajar las tasas aeroportuarias en un 15% entre 2011 y 2012 y estimó que esta medida repercutirá en un ahorro de 120 millones de euros anuales para las aerolíneas que debería plasmarse en el precio de los billetes.

Por otro lado, agradeció el apoyo recabado por el decreto desde la sociedad española por parte de consumidores, empresarios, el sector turístico y aeronáutico, las cámaras de comercio, los gobiernos autonómicos y los movimientos vecinales.

Asimismo, agradeció el “tono y cooperación de la mayoría de los grupos de esta cámara para resolver un problema que a todos nos preocupa” y rechazó que el decreto fuera fruto de “la improvisación o de la precipitación”.

La única voz discordante con el decreto fue la del portavoz de IU, Gaspar Llamazares, quien defendió que “incluso para abolir privilegios hay que guardar las formas y esta iniciativa no lo hace”.

“Da la impresión de que han encontrado un chivo expiatorio para ocultar la mala gestión de AENA”, prosiguió Llamazares, quien advirtió de que “no se puede aprovechar un decreto y una campaña de demonización de un colectivo para privatizar el sector aéreo aunque se mantenga la titularidad del servicio público en manos del Gobierno y AENA”.

Además, negó que haya “una situación de excepción que justifique un decreto de estas características, ya que nada justifica cargarse algo tan precioso como el artículo de la Constitución que hace prevalecer la negociación colectiva” y advirtió sobre posibles acciones similares en Renfe u “otros sectores que considere el Gobierno que chocan con determinadas libertades y derechos de los ciudadanos”.

Por su parte, el resto de los grupos parlamentarios dieron su respaldo al decreto, aunque señalando que ofrece posibilidades de mejora que deberán incorporarse a la normativa durante su tramitación como proyecto de ley.

Además, Andrés Ayala (PP) y Rafael Simancas (PSOE) se enzarzaron en una discusión con respecto a la responsabilidad de la situación alcanzada con los controladores. Para Ayala, la responsabilidad es socialista por no haber contratado más controladores y para Simancas del PP porque el convenio se firmó en 1999, cuando gobernaba José María Aznar. Pere Macias (CIU) y José ramón Beloki (PNV) se sumaron a esta exigencia de responsabilidades a los responsables de fomento y de AENA.