En el informe "Educación, víctima de la violencia armada 2010", la Unesco afirma que entre enero de 2007, fecha de la primera edición de este trabajo, y julio de 2009 se perpetraron actos de violencia contra el sector educativo en al menos 32 países.

Este estudio recoge casos como la mutilación de las estudiantes en su camino a la escuela, el reclutamiento forzoso de niños soldados, terroristas suicidas, la tortura o el asesinato de profesores y académicos y la destrucción total de los centros de enseñanza.

Hace tres años, este fenómeno no era muy conocido, pero el informe llega a la conclusión de que los organismos de las Naciones Unidas, las ONG y la opinión pública internacional están tomando conciencia del carácter recurrente que tienen estos ataques contra el sector de la educación.

El estudio pone de relieve que las destrucciones de escuelas y los asesinatos de profesores y alumnos no son obra exclusiva de los partidarios de los talibanes en Afganistán o en Pakistán, y que se perpetran estos actos de violencia para impedir la educación de las niñas y las jóvenes.

"A menudo, los grupos insurrectos toman como blanco a las instituciones docentes con el ánimo de atacar al Estado y, a la inversa, algunos Estados y organizaciones paramilitares tratan de silenciar a oponentes, reales o supuestos, ejerciendo violencia contra los universitarios en particular", indica la Unesco.

NIÑOS SOLDADOS

Por otro lado, el estudio subraya que en todo el mundo hay unos 250.000 niños soldados y que los secuestros de niños en conflictos armados suelen fundamentarse en su enrolamiento forzoso en fuerzas combatientes y los raptos de niñas se perpetran con objeto de reducirlas a la esclavitud.

El autor del estudio, Brendan O'Malley, propone en el capítulo de recomendaciones la creación de un observatorio mundial dedicado a vigilar el fenómeno de la violencia ejercida contra la educación porque la ONU carece de datos e informaciones fiables.

La directora general de la Unesco, Irina Bokova, considera muy preocupantes estos datos porque, "en primer lugar, constituyen una amenaza contra el derecho a la vida; en segundo lugar, atentan contra el derecho a la educación, que abre acceso a otros derechos y libertades, y, por último, ponen en peligro la consecución del objetivo de la educación para todos".