Así se desprende de un estudio elaborado por las tres agencias de la ONU especializadas en alimentación y agricultura (FAO, FIDA y PMA) y presentado este viernes en Roma (Italia) en vísperas de la III Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que tendrá lugar en Addis Abeba (Etiopía) del 13 al 16 de julio.

La eliminación de la subalimentación crónica en 2030 es un elemento clave en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 de la nueva agenda posterior a 2015 que debe adoptar la comunidad internacional a finales de este año, y es también el objetivo central del ‘Desafío Hambre Cero’, promovido por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

El informe señala que, a pesar de los progresos realizados en las últimas décadas, todavía hoy cerca de 800 millones de personas, la gran mayoría en zonas rurales, carecen de alimentos suficientes y que la actitud de “seguir funcionando como hasta ahora” llevaría a que unos 650 millones tengan hambre crónica en 2030.

Por el contrario, sostiene que puede darse un escenario que combine protección social e inversiones con el uso de fondos públicos para sacar a la gente del hambre crónica, garantizando que superen unos ingresos diarios de 1,25 dólares, que corresponden al nivel de la línea de pobreza determinada por el Banco Mundial.

Esta medida de protección social tendría un coste adicional de 116.000 millones de dólares por año (75.000 para las zonas rurales y 41.000 para las zonas urbanas), además de 151.000 millones de dólares en inversiones adicionales (105.000 para desarrollo rural y agricultura y 46.000 para las zonas urbanas) para estimular la generación de ingresos en beneficio de los que viven en la pobreza. La combinación de protección social e inversiones suma un total de 267.000 millones de dólares (239.000 millones de euros).

“PRECIO RELATIVAMENTE PEQUEÑO”

El director general de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), José Graziano da Silva, recalcó que “el mensaje del informe es claro: si adoptamos el enfoque de seguir funcionando como hasta ahora, en 2030 tendríamos todavía más de 650 millones de personas que padecen hambre".

El titular de la FAO añadió que la inversión total de 267.000 millones de dólares en los próximos 15 años equivale aproximadamente al 0,3% del PIB mundial. “Creo, personalmente, que es un precio relativamente pequeño a pagar para acabar con el hambre crónica”, apuntó.

Por su parte, el presidente del FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola), Kanayo F. Nwanze, recalcó que “no vamos a ver progresos en la reducción de la pobreza y el hambre a menos que invirtamos seriamente en la población rural". "Si cuentan con el tipo correcto de herramientas y recursos, los pequeños productores agrícolas y empresarios rurales puede transformar comunidades que luchan para salir adelante en lugares prósperos", añadió.

La directora ejecutiva del PMA, Ertharin Cousin, reclamó “un cambio drástico en la forma de pensar para ayudar a que los más pobres del mundo salgan del círculo del hambre y la pobreza para 2030”. “Tenemos que invertir en los más vulnerables y garantizar que tengan las herramientas que necesitan no sólo para superar el hambre, sino para mejorar sus recursos y capacidades", apostilló.

¿DE DÓNDE SALDRÍAN LOS FONDOS?

El informe de la FAO, el FIDA y el PMA indica que la mayor parte de los 267.000 millones de dólares procedería normalmente del sector privado, especialmente los agricultores, aunque deben complementarse con inyecciones públicas en infraestructura rural, transporte, salud y educación.

En las zonas rurales, las inversiones públicas en favor de los pobres podrían dirigirse al riego en pequeña escala y otras infraestructuras que benefician los pequeños campesinos, y también deberían incluir medidas como el procesado de alimentos para reducir las pérdidas y el desperdicio post-cosecha, así como un marco institucional más sólido para la tenencia de la tierra y el agua, líneas de crédito, legislación laboral y otras áreas, para que las actividades agrícolas y no agrícolas y los mercados sean accesibles a los grupos marginados, incluidas las mujeres y los jóvenes.

En las zonas urbanas, las inversiones adicionales deben garantizar que las personas en situación de pobreza extrema sean capaces con el tiempo de mantenerse por sí mismos y podrían, por ejemplo, orientarse hacia la creación de capacidad enseñando habilidades empresariales y otras como la artesanía, así como garantizar contratos de trabajo justos, ofrecer líneas de crédito, vivienda y otros servicios relacionados con la nutrición.

Por último, el documento asegura que la protección social en forma de transferencias de efectivo eliminaría el hambre de inmediato y también mejorará la nutrición, al permitir a los pobres dietas más variadas y, por tanto, más saludables y combatir el "hambre oculta", esto es, las carencias de micronutrientes, incluyendo la ingesta insuficiente de vitaminas, hierro y otros minerales.