Así se recoge en un real decreto, con el que, según destacó en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, “profundizamos en la consolidación fiscal y damos un nuevo impulso clave en la rebaja de impuestos a la vez que aprobamos medidas de inclusión social”.

Las limitaciones al embargo afectan, explicó Sáenz de Santamaría, a colectivos en riesgo de exclusión social, en situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o con necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas.

Además, según apuntó, estas limitaciones serán aplicadas a personas con algún tipo de discapacidad cuando carezcan de medios económicos.

Por otro lado, estos límites se aplicarán también a las ayudas a víctimas de delitos violentos, en particular a las medidas de protección integral a la violencia de género.