Según informó el Instituto Armado, en la operación se ha detenido a 12 miembros de la organización -nueve en España y tres en Panamá- y practicados diversos registros domiciliarios, donde se ha intervenido gran cantidad de tarjetas bancarias y TPV´s.

Los detenidos y numerosos ciudadanos venezolanos se aprovechaban de la subvención al cambio de moneda que para viajes al extranjero ofrecía el Gobierno venezolano, comercializando posteriormente las divisas en el mercado negro.

En la decena de registros practicados -cuatro en Córdoba, cuatro en Zaragoza, uno en Málaga y uno en Madrid- los agentes intervinieron gran cantidad de documentación en soporte físico e informático, relacionada con los delitos investigados, así como 11.500 euros en efectivo.

RED DIRIGIDA DESDE MADRID

La Benemérita destacó que las investigaciones son fruto de las estrechas relaciones y los fluidos canales de comunicación existentes entre la Guardia Civil y Cuerpos de Seguridad de otros Estados.

A través de dichos canales, a primeros de año, desde Panamá se comunicó a la Guardia Civil la detección en ese país de una organización delictiva dirigida desde España, que sistemáticamente estaría dedicándose, a entre otros delitos, al blanqueo de capitales y a la falsificación de documentos mercantiles.

La organización, que era dirigida desde España mediante testaferros, había creado un entramado empresarial para abrir multitud de cuentas bancarias con la finalidad de proveerse de datafonos de bancos españoles. Estos dispositivos eran luego trasladados a Panamá, donde la red en ese país los utilizaba en una modalidad defraudatoria conocida como ‘Rapado de tarjetas Cadivi’.

Este procedimiento tiene que ver con el hecho de que en la actualidad existan en Venezuela unos procedimientos para el cambio de bolívares a otras divisas internacionales. Esto permite a los ciudadanos adquirir esas divisas para realizar viajes al extranjero, para lo cual pueden retirar un máximo de 3.000 dólares americanos por año.

CARGOS A LA TARJETA

Para ello, el Gobierno venezolano facilita a sus ciudadanos unas tarjetas denominadas Cadivi con dicho crédito y a un cambio preferencial de 6,30 bolívares por dólar. En el mercado negro, este cambio podría elevarse a los 185 bolívares por dólar.

La red desmantelada, a través de los datafonos o TPV (Terminales Punto de Venta) en su poder, realizaba operaciones ficticias, cargando gastos a tarjetas de los ciudadanos venezolanos. De de esta manera, los propietarios de las tarjetas obtenían los justificantes falsos que a su ficticio regreso del viaje entregaban como justificante de haber viajado al extranjero.

Con esta operativa, tanto la red como los propietarios de las tarjetas, conseguían grandes beneficios, ya que, una vez justificados los gastos por la red a cambio de una comisión, el ciudadano propietario de la tarjeta Cadivi percibía los dólares que podía cambiar en el mercado negro con gran beneficio.