Según esta organización, con la nueva normativa las empresas cotizadas del MAB pasan a ser de interés público, "por lo que tendrán un mayor control por parte del mercado con el objetivo de evitar que ocurran casos de fraude". Estas compañías deberán contar con un comité de auditoría que supervise toda la información financiera remitida por el auditor.

No obstante, Aemab lamenta que la ley "llega tarde", si bien su puesta en marcha "reforzará" la confianza de los inversores en un momento en el que las compañías "se han animado a volver al parqué una vez pasado lo peor de la tormenta desatada hace un año".

En este sentido, apuntan que uno de los aspectos más importantes del nuevo texto legislativo es la independencia que tendrán los miembros del comité de auditoría, que deben ser consejeros no ejecutivos, lo que garantiza que no haya un conflicto de intereses a la hora de analizar las cuentas de la empresa.

De acuerdo con las previsiones que maneja la organización, tras el verano se acelerará el ritmo de compañías que se incorporen al MAB, que podría acabar el año con 10 nuevas empresas, un 30% más que hace un año.