Por ello, reclamó a Mugabe y a Tsvangirai que cumplan su promesa de reformar las instituciones del Estado, ya que "la tortura, el acoso y los procesamientos de defensores de los derechos humanos y oponentes políticos se han mantenido en el último año".

Amnistía responsabilizó de esta situación al partido de Mugabe, la Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF), que controla al ejército, los servicios secretos y la Fiscalía General, en tanto que el ZANU-PF y el partido de Tsvangirai (Movimiento por el Cambio Democrático-Tsvangirai, MDC-T) coordinan la policía.

En este sentido, apuntó que la Oficina del Procurador General, la policía y el ejército "han estado violando libremente los derechos humanos", en tanto que partidarios del ZANU-PF llevan a cabo una "intimidación incesante" de pobladores de las zonas rurales para lograr objetivos políticos.

El director del Programa de África de Amnistía Internacional, Erwin van der Borght, indicó que "la responsabilidad recae en el presidente Mugabe y el ZANU-PF" por no garantizar la reforma de las instituciones bajo su control y acabar así "con la cultura de impunidad que sigue amenazando la estabilidad del país".

Además, Amnistía recalcó que el Gobierno zimbabuense "ha fracasado" en investigar "las graves violaciones de los derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad" antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2008, que dejaron al menos 200 muertos, más de 9.000 heridos y decenas de miles de desplazados.

Van der Borght precisó que "éstos son signos de alerta temprana de que la situación podría deteriorarse si no se toman medidas urgentes para que los agentes de seguridad del Estado se detengan de llevar a cabo violentas campañas políticas".

"El gobierno de unidad debe investigar el pasado y el presente de las denuncias de violaciones de derechos humanos por agentes de seguridad del Estado, incluida la tortura y los malos tratos a los detenidos", concluyó.