El delegado territorial de la Organización, Cristóbal Martínez, ha aplaudido “la valentía de la Junta de Andalucía para retirar el juego ilegal de las calles” por considerar que esta actividad ilícita perjudica al conjunto de la sociedad andaluza ya que no tributa y se aprovecha “descaradamente” del colectivo de personas con discapacidad “atentando contra su dignidad como personas en beneficio exclusivo de intereses estrictamente privados y opacos”.

En este sentido, ha felicitado “la voluntad y determinación de la Junta de Andalucía” y ha valorado este paso “decisivo”. Sin embargo, ha solicitado que esta actuación signifique el inicio de muchas otras para “la erradicación del juego ilegal, que es un fraude para los consumidores, una estafa para los jugadores, un fraude fiscal para el Estado y las comunidades autónomas y un atentado contra los derechos de los trabajadores, según ha comprobado la Junta en esta última actuación".

La ONCE lamenta además que las personas explotadas por estas redes ilegales de juego sean personas en riesgo de exclusión social, algunas con discapacidad, generando una imagen lastimera y de beneficencia.

Andalucía absorbe casi la mitad, más del 48%, de todo el juego ilegal que opera en España, que cuenta con 1.202 vendedores en situación irregular que actúan al margen de la legalidad vigente, de los 3.726 que hay a nivel nacional, y que mueve unas ventas que superan los 40,3 millones de euros de los casi 84 que suma en España, según datos del informe de juego ilegal del último año.

El pasado diciembre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas impuso una sanción a la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), por importe de 25 millones de euros, “como responsable de una infracción muy grave, establecida en la Ley de Regulación del Juego, al realizar actividades ilícitas de juego”. Y aseguró entonces que “la OID es una organización de ámbito estatal que imprime, distribuye y comercializa productos de lotería de carácter ilegal en todo el territorio nacional, de forma ambulante, y mediante un portal de Internet”.

La gestión del juego en España exige autorización administrativa previa de los órganos competentes, la Administración General del Estado respecto a juegos de ámbito estatal, y las Comunidades Autónomas respecto a los de ámbito territorial. A pesar de la prohibición, entidades sin la necesaria autorización venden desde hace años lotería a través de redes minoristas de vendedores que actúan fuera de toda legalidad, muchos de ellos utilizando la imagen de la ONCE y de sus tradicionales sorteos.

Según los datos existentes, a finales de 2013, más de 50 organizaciones de este tipo operaban juego ilegal en toda la geografía, para lo que utilizaban casi 4.000 personas ejerciendo la venta, y acumulaban unos ingresos globales de 83,9 millones de euros.