Los diputados debatieron dos normas, la modificación parcial de la Ley General Tributaria y el proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. El PSOE presentó sendas enmiendas que fueron rechazadas.

La reforma de la Ley General Tributaria permitirá publicar la lista de deudores con Hacienda, y en ella aparecerán personas y empresas con deudas y sanciones pendientes superiores a un millón de euros, que no hubieran sido pagadas en el plazo de ingreso voluntario. Se exceptúan las deudas aplazadas o suspendidas.

La primera lista de deudores con la Administración se publicará en el cuarto trimestre de este año e incluirá a quienes, a fecha del 31 de julio de 2015, incurran en las circunstancias mencionadas. Al establecer una fecha concreta, se abre la posibilidad de saldar antes las deudas para evitar aparecer en las listas.

La segunda propuesta va a permitir que se publiquen datos esenciales de sentencias condenatorias por delitos contra la Hacienda Pública.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, explicó que el objetivo del Gobierno no es un “escarnio público” de las personas afectadas, pero sí avanzar en la transparencia y que los ciudadanos conozcan el “verdadero rostro” de quienes no pagar en tiempo y forma sus impuestos.

Se quiere conseguir una “mejorar la conciencia social de todos” y que quienes no cumplen sus obligaciones tributarias sepan que sus actuaciones serán públicas y eso les podría afectar en sus “relaciones sociales y profesionales”.

Así, el proyecto de ley orgánica introduce un nuevo artículo en la regulación del Poder Judicial en el que se reconoce el carácter público del acceso al fallo de las sentencias condenatorias que sean especialmente relevantes para el control fiscal.

Éstas son, básicamente, las que incluyen delitos contra la Hacienda Pública, de insolvencia punible y delitos de contrabando, en los casos en que resulte perjudicado el erario público.

La publicidad afectará sólo a sentencias firmes y no podrán publicarse fallos contra los que se pueda recurrir. Además, la publicación de la sentencias no será completa y únicamente se podrán conocer aquellos aspectos que sean estrictamente necesarios para cumplir con la finalidad buscada.

Montoro señaló que desde el anuncio de que el Gobierno publicaría la lista de morosos, la cifra de personas y empresas que se incluirían en la misma se ha ido reduciendo. Además, dijo que de ella han salido casos que eran “impropios”, pues se trataba de personas físicas o jurídicas de “gran relieve social” que “lo último que pueden hacer es ser deudores de la Hacienda Pública. “Eso se ha ido corrigiendo, porque la política a través de anuncios va ejerciendo su eficacia” también, añadió

CRÍTICAS DEL PSOE

El portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura, justificó las enmiendas de totalidad de su grupo en que el Gobierno “no quiere que se sepan los nombres de quienes se acogieron” a la 'amnistía fiscal', algo que aseguró se producirá cuando haya un Gobierno socialista.

Saura dijo también que presentan esas enmiendas porque la política fiscal del PP es “regresiva” y “apuesta por las rentas altas, por el 1% de la sociedad, y porque no cree en el Estado del bienestar”.

Antoni Picó, del Grupo Catalán CiU en representación de UDC, dijo su formación valora la publicación de la lista de morosos con la Hacienda Pública y a los condenados por delito fiscal, y destacó los efectos “disuasorios” de la iniciativa. En todo caso, consideró que habría que hacer matizaciones durante la tramitación parlamentaria de la norma.

Del mismo grupo, pero por CDC, Inmaculada Riera dijo que la reforma de a la Administración una “capacidad de actuar arbitrariamente” que afecta a los derechos de los contribuyentes.

Joan Coscubiela, de La Izquierda Plural, consideró que la “transparencia” en materia tributaria no ha sido una seña de identidad del Gobierno, para subrayar que “han esperado al tiempo de descuento” para tomar medidas.

Mientras, el diputado de UPyD Rafael Calduch señaló que la persecución de la lucha contra el fraude tiene que ser un “objetivo prioritario” del Estado “si quiere realmente atender las necesidades y servicios de los ciudadanos, pero no puede hacerse de cualquier manera y a cualquier costa”.

Desde las filas de Amaiur, Rafael Larreina criticó el “y tú más” de PP y PSOE, y pidió una verdadera apuesta por la lucha contra el fraude fiscal con el reforzamiento de los efectivos de la Agencia Tributaria.

El diputado del PP Fernando López-Amor defendió el “indudable acierto” de la modificación de la Ley General Tributaria, con la que se podrá dar publicidad de quienes causen perjuicio a la Hacienda Pública.