Se trata de una situación similar a la del líder de los socialistas gallegos, José Ramón Besteiro, que renunció a ser elegido senador por designación autonómica tras conocer que ha sido imputado por delitos de prevaricación, cohecho, contra la ordenación del territorio y negociaciones prohibidas, por gestiones en su etapa de concejal de Urbanismo en Lugo.

Fuentes socialistas indicaron a Servimedia que el propio Besterio comunicó a la dirección federal que mientras estuviera imputado no optaría a la elección como senador y que esperaría hasta que se aclarase su situación.

Dichas fuentes precisaron que el dirigente gallego viajó ayer a Madrid y se reunió con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asi como con el 'número dos' del Partido Socialista, César Luena, en la sede de Ferraz, y que fue en ese encuentro dónde trasladó que no sería representante en la Cámara Alta mientras continúe como imputado.

El mismo lunes, Sánchez se limitó a decir en rueda de prensa sobre la situación de Besteiro que actuará contra él en el momento en el que se produzca la apertura de juicio oral. Remarcó que en este caso se “aplicará” el Código Ético del partido que contempla que serán apartados en el momento de la apertura de juicio oral.

No obstante, preguntado de manera insistente sobre el hecho de que en otras situaciones, ante la imputación de dirigentes socialista, se les ha apartado de cargos públicos de representación del PSOE, indicó que “no hay diferente vara de medir” porque el propio Código Ético permite actuar “en función de la gravedad de los casos”.

GALLIZO

Por su parte, Gallizo hizo público esta tarde un documento en el que renuncia a esta designación hasta que se aclare su situación judicial. Pide al Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid y a la Gestora del PSM que "aplacen su nombramiento como senadora hasta tanto se aclaren los términos de una supuesta imputación", la cual apunta que "aún no le ha sido comunicada", "en las acciones judiciales que se siguen por la denuncia del propietario de un cortijo ubicado junto a la prisión de Albolote (Granada)", según recoge Servimedia de dicho escrito.

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Granada, Miguel Ángel del Arco, ha imputado a Gallizo y a su sucesor, Ángel Yuste, actual responsable de la Dirección de Instituciones Penitenciarias, por prevaricación omisiva, delito contra la ordenación del territorio y delito contra el medio ambiente, en un auto fechado el pasado 16 de junio.

La dirigente socialista indica que “aunque obviamente no se trate de ningún asunto que tenga que ver con la corrupción”, ha preferido “el nombramiento de los nuevos senadores de la Asamblea de Madrid no esté contaminado ni siquiera levemente por una cuestión judicial que confía en que se resuelva pronto”.

Señala que el auto del juez del Juzgado de Instrucción nº 6 de Granada, a instancias de una particular, y sin apoyo de la Fiscalía, imputa a los responsables de la administración penitenciaria en los últimos 20 años, así como a varios responsables de la Junta de Andalucía y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y técnicos de mantenimiento de la depuradora, por unos supuestos vertidos de aguas residuales del centro penitenciario en terrenos de la demandante.

La directora de Instituciones Penitenciarias en todo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero –desde abril de 2004 a diciembre de 2011- tiene el “convencimiento de que este asunto será archivado porque ni se ha acreditado irregularidad administrativa alguna, ni falta de actuación ante ningún requerimiento, ni siquiera están claros los supuestos daños producidos, ni que el origen de los mismos (si los hubiere) tenga que ver con el centro penitenciario”.

No obstante, Gallizo, que iba de ‘número cuatro’ de Ángel Gabilondo en su lista a las elecciones autonómicas del 24-M, indica que ya que los nuevos senadores por parte de la Asamblea de Madrid obliga a nombrarlos en el pleno del día 9 de junio, y de que “esta cuestión no va a estar resuelta para esa fecha, la diputada ha pedido que sea nombrado otro senador o senadora por el grupo socialista hasta que se dilucide el desarrollo de este proceso, si es que tiene alguno”.

Por último, Gallizo sostiene que “no tuvo ningún tipo de intervención” en el caso por el que se le acusa y que “ni fue requerida por nadie para que la tuviera, como acreditará si es requerida para hacerlo”, ya que sostiene que todavía no ha sido notificada oficialmente su imputación.

“Igualmente, está convencida de que ni sus predecesores ni sus sucesores en el cargo, ni la sociedad pública encargada de la construcción y puesta en marcha de los centros penitenciarios en España tuvieron ninguna intervención que no estuviese dirigida a cumplir la ley y procurar las mejores condiciones para el centro Penitenciario y el entorno en que se ubica”, concluye el documento.