Así lo indicó en el Pleno del Congreso de los Diputados, en la celebración del debate de totalidad de la reforma legislativa que permitirá publicar el listado con los nombres de los contribuyentes que tienen deudas con el Fisco y de los condenados por delitos contra la Hacienda Pública.

El titular de Hacienda indicó que en comparación con el mismo periodo de 2014 se ha registrado un aumento del 20%, y este primer semestre de 2015 es el “mejor arranque” de un ejercicio.

En total, teniendo en cuenta los ejercicios 2012, 2013, 2014 y en el primer semestre de 2015 la recaudación por lucha contra el fraude fiscal ronda los 40.000 millones de euros.

“El fraude fiscal nunca se puede tolerar, hay que pagar impuestos”, defendió el ministro de Hacienda, quien destacó que “contribuir al sostenimiento de las cargas del Estado no es sólo un deber constitucional”, sino que es “una obligación cívica que nos incumbe a todos”. Además, quiso dejar claro que se ha de ser “aún más exigente en los momentos de dificultades económicas”.

Según Montoro, el fraude fiscal es una “lacra social, que es más grave cuando más extendida está y más grave cuanta más notoriedad” tienen los defraudadores. Por ello, afirmó que “no entiendo a los que se presentan como víctimas cuando son objeto de una inspección” de la Agencia Tributaria, como si la institución “tuviera que tener cuidado para no molestar a unos otros”.

El titular de Hacienda subrayó que la lucha contra el fraude fiscal debe ser “una de las prioridades de cualquier Gobierno democrático”, pues el dinero que se oculta “resulta necesario para todas las política del Estado, pero sobre todo las sociales”.

“Es un dinero necesario” y por eso hay que “perseguir con contundencia” el “egoísmo fiscal que supone el fraude”, apuntó el ministro, para agregar que la idea es que “todos sin excepción paguemos lo que nos corresponde, para que todos paguemos menos; tener un Estado del bienestar sostenible sin necesidad de tener unas impuestos altos”.

Respecto a las normas que se debatían y que supondrán la publicación de los morosos con Hacienda y de los condenados por delito fiscal, el ministro explicó que el objetivo del Gobierno no es un “escarnio público” de las personas afectadas, pero sí avanzar en la transparencia y que los ciudadanos conozcan el “verdadero rostro” de quienes no pagar en tiempo y forma sus impuestos.

Se quiere conseguir una “mejorar la conciencia social de todos” y que quienes no cumplen sus obligaciones tributarias sepan que sus actuaciones serán públicas y eso les podría afectar en sus “relaciones sociales y profesionales”.