Las tres organizaciones proponen la modificación de 24 disposiciones constitucionales y una profunda reforma del artículo 53, al que responsabilizan de hacer una “distinción artificial” entre derechos, como el derecho a la vida o a la libertad, que gozan de una protección reforzada y se pueden denunciar directamente ante los tribunales, y el derecho a la vivienda, a la salud o al medio ambiente, cuyo nivel de protección es mucho menor.

El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, señaló en una rueda de prensa en Madrid que la Constitución abarca derechos “de primera” y “de segunda”, lo que tiene consecuencias sobre la población, especialmente la más vulnerable, que sufre la falta de acceso a la vivienda, a la salud o a unos ingresos mínimos sin poder reclamar esos derechos en los tribunales.

Beltrán apuntó que España es el segundo país con mayor desigualdad de Europa, con 760.000 personas sin ingresos, y apostilló que, detrás de la supuesta protección del derecho a la vivienda recogido en el artículo 47, desde 2008 se han iniciado 600.000 procesos de ejecución hipotecaria, dejando a muchas personas en la calle sin que hayan podido defender su derecho a una vivienda adecuada ante un juez.

Además, se preguntó por qué casi 750.000 personas carecen de la tarjeta sanitaria cuando el derecho a la salud está recogido en el artículo 43.1, y apuntó que el derecho a un medio ambiente está recogido en el artículo 45, pese a lo cual la inversión en este ámbito se ha recortado en un 56% desde 2009 en los Presupuestos Generales del Estado.

“La Constitución no ha actuado como escudo protector ante algunas violaciones de los derechos humanos y eso debe cambiar. Todos los derechos humanos son iguales y deben tener las mismas garantías de protección”, apuntó, antes de señalar que la Carta Magna debe dar “un paso más allá” mejorando las garantías de las personas durante la detención para evitar casos de tortura y malos tratos.

RENTA MÍNIMA UNIVERSAL

Por su parte, el director de Oxfam Intermón, José María Vera, destacó que durante la crisis económica se han puesto los intereses económicos por delante de las personas, cuando el Estado debería proteger más que nunca los derechos humanos.

Vera reclamó una renta mínima universal que garantice ingresos a las familias que carecen de ellos y apuntó que la reforma constitucional propuesta por las tres organizaciones debe garantizar “una financiación suficiente” mediante un sistema fiscal más justo, equitativo y progresivo, de manera que “quienes ingresen más, paguen más”.

Añadió que la Constitución tiene que garantizar “una política pública de cooperación al desarrollo fuerte” que evite situaciones como el recorte del 70% producido durante la crisis económica, lejos del objetivo internacional del 0,7% del PIB.

El director de Greenpeace, Mario Rodríguez, apuntó que la protección del medio ambiente, recogido en el artículo 45, no es fundamental, lo que no puede ser exigido ante los tribunales, lo que perjudica a la preservación de los ecosistemas y a la salud de las personas.

Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón iniciará una ronda de negociaciones con los partidos políticos que concurrirán a las próximas elecciones generarles el próximo mes de septiembre, con el fin de que recojan sus propuestas en los programas electorales.

La campaña de estas tres organizaciones, que gira en torno a la web ‘blindatusderechos.org’ y con la que recogerán firmas en los próximos meses, se articula en seis peticiones fundamentales de reforma de 24 disposiciones constitucionales.

Así, solicitan que la Constitución proteja por igual todos los derechos humanos para todas las personas, potencie una aplicación y desarrollo más ambicioso a un derecho a un medio ambiente saludable, mejore la protección de los derechos a la vivienda y a la salud, incorpore el derecho a la renta básica, garantice el principio de ‘no regresividad’ de los derechos y una financiación suficiente, y mejore la protección respecto a ciertos derechos que consideran protegidos insuficientemente, como mejorar las garantías de las personas detenidas, el acceso a la información y a la participación ciudadana, la reunión pacífica incluso cuando la comunicación previa no es posible, el derecho de asilo y la prohibición de la pena de muerte en todos los casos.