En primer lugar, se refirió al “problema de los menores que delinquen y cometen delitos graves”, como es el caso de "El Rafita", asesino de Sandra Palo, y dijo que, en estos supuestos, “planteamos penas excepcionales para delitos excepcionales”.

Explicó que su propuesta “no pasa por incrementar las penas, sino que el plazo de libertad vigilada, en estos casos graves, se convierta en un plazo de reclusión”.

Su iniciativa lleva aparejada que cuando uno de estos menores con delitos graves a sus espaldas cumple 18 años, “pueda pasar a un centro de mayores”.

En su opinión, los informes de los expertos deberían ser determinantes a la hora de poner en la calle a uno de estos menores infractores o de decidir que ha de pasar más tiempo en un centro, para “garantizar que su reintegro en la sociedad se hace en las mejores condiciones”.

Canalda afirmó que otro “déficit” de la Ley del Menor es el relativo a los menores de 14 años que empiezan a delinquir, ya que, al no ser objeto de la misma norma, no tienen responsabilidad penal. “No hablo de bajar la edad penal, que es una opción, sino de establecer medidas educativas obligatorias, por parte de un juez, a esos menores”, afirmó.

SUBSANAR FALLOS

Por su parte, el portavoz del PP de la Asamblea de Madrid, David Pérez, explicó que la reunión mantenida con estos expertos persigue contar con la aportación de estas personas para “subsanar errores y fallos detectados” en la Ley del Menor.

Indicó que la próxima semana el PP de la Asamblea presentará una propuesta concreta para modificar la Ley del Menor, que “tiene algunas lagunas en el tratamiento a estos menores infractores, quienes las aprovechan para seguir delinquiendo”.

En la reunión, explicó, se habló de "la necesidad de que cuando un menor ha cometido un delito muy grave y cumple la mayoría de edad, no quede en una especie de tierra de nadie que, al final, se convierte en terreno abonado para el delito”.

Entre las propuestas figura “crear un sistema de paso automático de estos menores a un centro penitenciario o abordar que no sólo sea la edad física la que marque determinadas pautas procesales, sino también el grado de madurez”.

Otro de los expertos, el psiquiatra infantil Javier San Sebastián, que también dirige la Fundación Internacional O'Belén, que gestiona centros de menores, pidió que se cambie la Ley de

Protección del Menor (no la Ley Penal de Menor), porque es “obsoleta, antigua y no adecuada a la realidad de los tiempos actuales”.

Tras informar de que en este tipo de centros hay menores con perfiles muy distintos, manifestó que “no tenemos herramientas ni amparo” para atender a estos jóvenes.

“Si nos cierran hasta los cuartos de contención para evitar que unos menores agredan a los demás, cómo vamos a intervenir de forma adecuada”, se preguntó.

En su opinión, esa ley no tiene en cuenta a las víctimas de estos menores infractores. Además, destacó que hay dos veces más denuncias de familias a sus hijos que a la inversa y pidió “herramientas para poder manejar a estos menores que puntualmente agreden a otros”.