En la sesión de control al Gobierno, dos diputados del PP, Ignacio Cosidó y José Ignacio Gil Lázaro, interpelaron al ministro sobre el citado caso. Cosidó preguntó a Caamaño por el mantenimiento de la petición de archivo del caso y si personalmente cree que un chivatazo policial es un delito. El ministro se limitó a defender la independencia de la Justicia, por lo que el portavoz del PP le recordó que el Parlamento también puede controlar al Ministerio Fiscal y acusó a los socialistas de querer convertirlo en "el brazo togado del Gobierno".

Cosidó afirmó, además, que el fiscal general "sigue enfangado" en la pasada negociación con ETA y que los miembros del Gobierno aspiran a soslayar su responsabilidad política dejando pasar las responsabilidades de los imputados. Sin embargo, expresó su convicción de que "al final, la verdad siempre resplandece" y de que "la justicia impondrá su razón y los autores de este gravísimo delito serán juzgados y serán condenados".

Caamaño recordó que "las responsabilidades politicas no se dirimen en los tribunales" y que el Fiscal General del Estado ya compareció en noviembre en el Congreso por este tema, para explicar que la investigación ha durado más de dos años y que el fiscal responsable del caso decidió solicitar el levantamiento del secreto y el sobreseimiento provisional sin que eso impida la solicitud de nuevas pruebas.

Por último, indicó que "lo procedente es esperar a que los jueces se pronuncien". Además, reprochó al PP su "incoherencia" por pedir por un lado que se limite el tiempo de investigación de los fiscales y por otro pretender que se eternice la de este caso. "O una cosa o la otra", apuntilló.

INTERFERENCIAS

Por su parte, Gil Lázaro preguntó directamente al ministro si ha habido alguna "interferencia" del Gobierno en la instrucción judicial del "caso Faisán", a lo que Caamaño contestó con rotundidad que "ninguna". No obstante, el diputado popular celebró que otros miembros del Gobierno sí hayan introducido "matices" al dar cuenta de su participación en el caso, y recordó el "hasta donde yo sepa, no" del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando se le preguntó por la de la dirección de la Policía.

Gil Lázaro calificó el "caso Faisán" como "una de las mayores vergüenzas de este Gobierno" y denunció que, en él "los silencios y las mentiras están siendo constantes por parte del Gobierno o sus enviados". En su opinión, tampoco "es de recibo el papel que se está haciendo jugar a la fiscalía.

El portavoz del PP terminó su turno de réplica preguntando si algún intermediario del Gobierno ofreció al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska un puesto en el extranjero a cambio de dilatar la investigación hasta que la retomara su compañero Baltasar Garzón, presuntamente más proclive a plegarse al Gobierno, porque, según denunció, "lleva un mes sin desmentirlo".

En lugar de hacerlo esta vez, Caamaño reiteró su confianza y respeto por la independencia judicial, pero puntualizó que "los jueces no tienen armas para combatir los rumores y conjeturas, que son la mejor forma de menoscabar las instituciones". Por eso, pidió a los representantes políticos "responsabilidad" para basar sus acusaciones en datos, porque quienes utilizan "la brocha gorda" no ayudan a las instituciones.

Curiosamente, el ministro puso fin a su respuesta preguntando a su vez al PP si su doble intervención en el "caso Faisán", en sede judicial con una denuncia y también en sede parlamentaria, es un modo de confundir ambos planos.