La secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red de la Ejecutiva del PSOE, María González Veracruz, declaró a los periodistas que el Partido Socialista reaccionará ante la aplicación sobre los ciudadanos de esta ley, que considera “la más regresiva de la democracia y que supone el mayor retroceso de derechos y libertades”.

A dicha norma, que entró en vigor el pasado 1 de julio, el PSOE le augura de vida “lo que dure Rajoy”, ante el compromiso de toda la oposición, incluido el PSOE, de derogarla en cuando sea posible.

González Veracruz sostiene que el PSOE “tiene muy claro que va a pararla por tierra, mar y aire”, primero con el recurso ante el Tribunal Constitucional, presentado hace unos días, y después con el “compromiso de que va a durar lo que dure Rajoy”.

'BANCO DE ABOGADOS'

Mientras, dijo, los socialistas pondrán en marcha “una acción de colaboración llamada ‘desamordazando’”, que supone la creación de un 'banco de abogados' para “asesar a todos los ciudadanos que puedan verse afectados por la aplicación de la propia ley”, así como intentar, desde los municipios gobernados por los socialistas, “minimizar” la aplicación de la norma, que supone “un retroceso de derechos y libertades”.

En este sentido, la dirigente socialista indicó que no comprende cómo el Partido Popular “anda maquillándose” al decir que “ha comprendido lo que la ciudadanía quiere, mientras aprueba leyes tan regresivas, la más regresiva de la democracia”, que hace “volver al blanco y negro”.

Por ello, se comprometen a que desde los consistorios locales, con las policías municipales por ejemplo, se haga una “aplicación mínima que permita la ley, coartar a la mínima expresión la libertad y los derechos constitucionales”.

Según explicó González Veracruz, a través de la página web el PSOE pedirá a abogados que se sumen a este proyecto para que se cree el 'banco de datos' de juristas. Una vez creado dicho banco, los ciudadanos podrán hacer consultas sobre la ley tanto de manera previa como en el caso de que hayan sufrido la aplicación de la norma.

Para poner en marcha este proyecto, los socialistas ya han contactado con abogados y colectivos como Amnistía Internacional, que han ayudado en la elaboración del recurso ante el Constitucional contra la ley.