Según la Junta, esta medida conllevará graves perjuicios, especialmente en el deporte base, con una bajada prevista de más del 50% en las licencias autonómicas, la eliminación de más de 200 empleos y una reducción de entre cinco y seis millones de euros en los ingresos de las federaciones de la comunidad.

A juicio del Gobierno andaluz, el artículo 23 de esta norma estatal, que modifica la Ley del Deporte de 1990, supone una injerencia en las competencias autonómicas exclusivas sobre la materia, al establecer una licencia única para participar en cualquier competición oficial con independencia de su ámbito territorial y atribuir su expedición directamente a las federaciones deportivas.

Entre otros perjuicios, los más de 500.000 deportistas federados andaluces tendrán que abonar ahora una cuota a la correspondiente federación española, supeditada a los criterios económicos que ésta determine, aunque no compitan a nivel nacional. La legislación vigente, con más de 35 años de aplicación, limita este pago sólo a la participación en competiciones de ámbito estatal.

En su acuerdo, el Consejo subraya que tanto la calificación oficial de las competiciones deportivas como la expedición de las licencias son funciones públicas de carácter administrativo y titularidad estatal o autonómica según el ámbito, que pueden ejercer por delegación las federaciones. El nuevo modelo supone, por tanto, una quiebra del reparto competencial garantizado por la Constitución.

Por su parte, la disposición transitoria octava de la ley estatal será recurrida por quebrar el principio constitucional de seguridad jurídica, ya que establece el régimen de licencia única antes de la propia entrada en vigor de la reforma de la Ley del Deporte.

Además de los aspectos jurídicos de la intromisión estatal, la Junta destaca también que la nueva regulación es un mecanismo encubierto para paliar, a costa de los deportistas con licencias autonómicas, las carencias financieras provocadas por el propio Gobierno en las federaciones de ámbito nacional, con recortes que han alcanzado el 50% en los Presupuestos Generales del Estado.