De esta manera, la norma pasará ahora al Senado para proseguir con su tramitación parlamentaria. El texto, al que se incorporaron enmiendas del PP y unas 15 pactadas con grupos de la oposición, salió adelante por 23 votos a favor y 18 en contra.

Esta ley, cuyo debate fue aplazado la semana pasada, permite a los ciudadanos liquidar su patrimonio para cubrir sus deudas, algo que el Ejecutivo estima que no incentivará las insolvencias estratégicas, ya que el afectado debe liquidar todo su patrimonio y no puede elegir los bienes que más le convengan.

PACTOS CON ACREEDORES

Se trata de una liquidación global del patrimonio, por lo que sólo cuando el afectado ha entregado todos sus bienes puede acceder al llamado beneficio de exoneración de pasivo no satisfecho.

No obstante, esta posibilidad es el último recurso. Antes, el afectado debe intentar alcanzar un acuerdo con sus acreedores, para lo que el Ejecutivo ha introducido también medidas para que sea más fácil alcanzar estos pactos, como habilitar a los notarios para que puedan actuar como mediadores.

Si no se alcanza este acuerdo, el afectado puede declararse en concurso, para lo que a partir de ahora deberá acudir a un juez de primera instancia, en lugar de a uno de lo mercantil.

Una vez que el afectado accede al beneficio de exoneración del pasivo no satisfecho, se le condonarán los préstamos salvo los créditos contra la masa (principalmente los necesarios para que funcione la empresa y los gastos de administración del concurso), los de privilegio general (no sobre un bien concreto sino en general), los créditos públicos y los de alimentos (como los procedentes de pensiones alimenticias).

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

En estos casos, el beneficiario tendrá un plazo de cinco años para afrontar su pago.

No obstante, el Gobierno estima que habitualmente, en el caso de las personas más vulnerables, les será más beneficioso acogerse al código de buenas prácticas bancarias, ya que pueden encontrar una solución sin perder todos sus bienes.

En este caso, el Gobierno ha decidido también ampliar el umbral de exclusión que permite a las personas beneficiarse de este código de buenas prácticas, como por ejemplo ampliando de 12 a 14 mensualidades del IPREM el nivel anual de renta máxima, y se incluye a todos los mayores de 60 años.