Según la sentencia, "lo único que se puede estimar acreditado" es que Rodrigo "se preocupó de la ruedas del vehículo de la funeraria y encabezó y puso en marcha la comitiva que sigue el coche a pie". Sin embargo, no se ha podido confirmar que promoviera los gritos a favor de ETA ni que los corease.

La Fiscalía pedía para Rodrigo Basterretxea año y medio de cárcel, así como 12 años de inhabilitación absoluta. El Ministerio Público consideraba probado que el dirigente de Sortu se encargó de la planificación del acto de recibimiento del cadáver, de forma que asumió la responsabilidad de su buen desarrollo.

El fiscal explicaba que, con motivo del fallecimiento del etarra Francisco Javier López Peña, alias 'Thierry', en marzo de 2013 se organizó un acto de recibimiento del cadáver del terrorista a través de la cuenta de Twitter de Sortu en Vizcaya.

El mensaje fue reenviado a los más de 6.000 seguidores de Sortu y la organización del acto se enmarcó en una "estrategia común y coordinada" entre, al menos, Herrira, Ernai y Sortu.

"¡VIVA ETA-MILITAR!"

Según el relato de hechos que hace el Ministerio Público, sobre las 8.55 horas del 12 de abril de 2013 se produjo la llegada del coche fúnebre a la terminal de mercancías del aeropuerto de Loiu (Bilbao), donde lo esperaban unas 300 personas, entre las que se encontraba Iker Rodrigo.

El acusado se había encargado previamente de la planificación del acto de recibimiento del cadáver y se encargó de su buen desarrollo. Para ello, impartió instrucciones al resto de los asistentes y al conductor de la funeraria. Además, la Fiscalía considera acreditado que el inculpado grito "gora!" (¡viva!) en respuesta a los gritos de "gora ETA!" (¡viva ETA!) que profirieron los asistentes.

Además, Rodríguez entonó el himno al soldado vasco puño en alto y coreó gritos de "adiós y honor soldado vasco", "la lucha es el único camino" y "¡viva ETA-militar!".

El fiscal considera que estos hechos son constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo, por el que pide un año y seis meses de prisión y doce años de inhabilitación absoluta. La sentencia descarta los argumentos del Ministerio Público por no haberse podido probar la responsabilidad del encausado en los hechos.