En un comunicado, señala que, llegado el caso, exigirán la intervención de la alta inspección educativa e interpondrán las acciones legales oportunas frente a toda actuación dirigida a paralizar la Lomce. Todo ello “sin perjuicio de reclamar a la Administración autonómica los graves daños y perjuicios que se deriven y que no tienen el deber jurídico de soportar”.

Según Anele, las declaraciones de los últimos días “efectuadas por quienes aspiran a gobernar suponen un grave desconocimiento del sistema constitucional de fuentes y de la nueva ordenación general del sistema educativo de obligada implantación tras la aprobación de la Lomce y de los Reales Decretos 126/2014 y 1105/2014".

“Toda iniciativa que se adopte en este sentido vulnera principios constitucionales elementales como los de legalidad, jerarquía normativa, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos”, señaló Anele.

Añade la asociación que “lo único que compete a las comunidades autónomas en este ámbito es desarrollar y completar la normativa básica estatal de obligado cumplimiento y aplicación dentro de la regulación y límites establecidos por el Gobierno” y “no crear incertidumbre e inseguridad jurídica en todos los actores que formamos parte del sistema (centros escolares, familias, alumnos, servicios de inspección, editoriales,…); menos aún en fechas próximas a la finalización del curso escolar”.

“Tampoco puede obviarse el gran esfuerzo inversor realizado por las editoriales asociadas a Anele en la elaboración de libros de texto y materiales adaptados a la nueva Ley educativa”, sobre todo para cumplir con el calendario de implantación de la Lomce este curso 2014/2015 y los sucesivos. De acuerdo con Anele, se han realizado inversiones cercanas a los 200 millones de euros que las empresas del sector no dudarán, llegado el caso, en reclamar.