Otras medidas incluidas en los anteproyectos aprobados por el Consejo de Gobierno de este viernes son la creación de un tribunal específico de arbitraje para facilitar soluciones extrajudiciales, y el diseño de un sistema integral de información y asesoramiento a las personas perjudicadas.

La primera de estas medidas se regula en el anteproyecto de Ley de Retracto en Desahucio de Viviendas en Andalucía, cuya tramitación ha autorizado el Consejo de Gobierno.

Las otras dos se incorporan al texto de la futura Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria de Vivienda, que ya fue remitido al Parlamento andaluz el pasado mes de enero pero no llegó a tramitarse.

En este caso, el Consejo ha aprobado el anteproyecto con el mismo contenido y las modificaciones citadas, así como su remisión al Consejo Consultivo de Andalucía como paso previo a su aprobación definitiva por el Ejecutivo y su posterior tramitación parlamentaria.

Ambos textos completarán el marco normativo de la lucha contra los desahucios en Andalucía, que se inició con la Ley de la Función Social de la Vivienda aprobada por la Cámara autonómica y en vigor desde octubre de 2013. La norma se encuentra ahora parcialmente suspendida por el Tribunal Constitucional como consecuencia del recurso presentado por el Gobierno de España.