El máximo órgano fiscalizador del Estado ha aprobado un informe sobre la “Gestión de Personal llevada a cabo por el ente público RTVE con motivo del ERE”.

El tribunal asegura que RTVE actuó correctamente en lo que se refiere al cumplimiento de las disposiciones legales a que estaba obligado para la aprobación del ERE, pero su ejecución no ha sido la prevista.

En el ERE pactado con los sindicatos se acordó que de los 1.124 trabajadores contratados que había en RTVE, pasarían a fijos 450. “Sin embargo, en realidad se han convertido en fijos 866 trabajadores; y del resto, un número importante también han pasado a fijos, al otorgárseles en la convocatoria libre de plazas que se realizó una puntuación adicional por su pertenencia al Ente Público”, afirman los magistrados.

La Corporación fijó, en julio de 2006, unos criterios para poder convertir al personal contratado en fijo. “Se puede concluir que el 58% de los casos analizados no cumplían con alguno de los criterios básicos de conversión, por lo que no deberían haber pasado a ocupar un puesto fijo”, señala el informe.

También destaca que otro de los objetivos del acuerdo sindicatos-direcicón fue “el rejuvenecimiento de la plantilla de la futura Corporación”. Pero analizada la edad de los casi 900 trabajadores que obtuvieron plaza en la convocatoria libre que se realizó, “el resultado fue que había 39 trabajadores con una edad superior a los 50 años cuando se incorporaron a la Corporación, de los cuales seis tenían una edad superior a los 60.

“Sin perjuicio de que no se puede discriminar la contratación en función de la edad de los trabajadores, resulta destacable que se sustituyeran trabajadores acogidos a un ERE por otros de mayor edad, cuando uno de los objetivos del Expediente era, precisamente, el rejuvenecimiento de la plantilla”, sostiene la fiscalización.

MIL MILLONES

Otro aspecto anómalo que destaca el informe es la composición de la Comisión Mixta Paritaria de Aplicación del ERE , formada por seis representantes sindicales y seis de la dirección. De los cinco de la dirección que acudieron a la constitución, cuatro estaban incluidos en el ERE. Aunque el tribunal conviene en que “su objetividad y profesionalidad no puede ser puesta en entredicho”, “no obstante podría haber resultado más oportuno nombrar como representantes de la dirección en esta comisión a personas que no estuvieran incluidas en el ERE, para evitar un posible conflicto de intereses”. Esas cuatro personas citadas dejaron la comisión cuando se desvincularon por el ERE, todos antes de diciembre de 2008.

En otro momento del informe, el tribunal señala también que los trabajadores acogidos al ERE no pueden prestar servicios por cuenta propia o ajena, ni en la Corporación, ni en sus filiales o participadas, ni en empresas que estén en competencia directa con las actividades de la Corporación, y que el trabajador que prestara sus servicios en alguna de estas empresas, durante ese periodo, no podría percibir el importe correspondiente a la Renta Irregular Diferida. Sin embargo, el Plan de Empleo no estableció ninguna medida que garantizara el control por parte del Ente Público, dado que los trabajadores no tienen obligación de remitir información alguna sobre sus actividades.

El coste real del ERE, para el periodo 2007-2013, ascendió a más de mil millones de euros (1.051.297.586 euros). En esta cifra se incluyen, no solo las cantidades pagadas por el Ente Público, sino también las abonadas por el Servicio Público de Empleo Estatal en concepto de prestaciones por desempleo.