En una nota de prensa difundida hoy, JpD recuerda que hasta que comenzó en España la Gran Recesión de 2008 la Administración de Justicia “venía incrementando su tamaño regularmente”. Desde entonces permanece con la misma dimensión, se congela la planta judicial en 2011 y se eliminan 1.500 jueces sustitutos.

La litigiosidad, sin embargo, no para de crecer, denuncia JpD. La jurisdicción social está “desbordada” por las consecuencias de la crisis y la aplicación de la reforma laboral. Además, la supresión de los jueces sustitutos ha ampliado en algunos casos los tiempos de respuesta de la jurisdicción, estimulando a los trabajadores a conciliaciones perjudiciales para sus intereses.

Otro tanto acontece con el orden jurisdiccional civil, con avalancha de reclamaciones contra cláusulas abusivas, la oposición a ejecuciones hipotecarias, contratos bancarios, permutas financieras, preferentes y últimamente la venta de acciones de Bankia.

También los Juzgados de lo Mercantil están sobrepasados por el incremento de las insolvencias empresariales y familiares, y por los litigios sobre condiciones generales de la contratación, en particular sobre cláusulas suelo, que están llevando los señalamientos a años vista.

JpD afirma que las consecuencias de la crisis se han tratado de evitar con la implantación de “tasas judiciales disuasorias”. Esta organización describe el panorama como “desolador”. En contra de lo que afirma la Administración sobre el incremento de planta, “la realidad demuestra que sólo se han reforzado órganos desbordados, sin planificación para afrontar las crecientes necesidades ciudadanas”.

Jueces para la Democracia denuncia que si la situación “no ha estallado” es por “el esfuerzo del personal de la Administración de Justicia y la magistratura” que no puede sostenerse más allá en el tiempo.

Insiste en que “esta situación tiene que remediarse ya. No es posible que sigan sin crearse juzgados. La presente situación no se va a paliar con la actual política de precarizar las nuevas promociones de la judicatura, que se llevan de un lugar a otro con poco criterio y escasa efectividad (…) Es preciso volver al nivel de creación de juzgados y tribunales que había antes de que comenzara la crisis, aunque ello suponga una inversión notablemente superior a la que ahora se dedica a esta finalidad”.