Además, en una nota de prensa Justicia señala que se aprobaron en el Congreso los dos proyectos de ley que reforman la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con lo que los textos pasan ahora al Senado donde se abre el periodo de enmiendas.

Asimismo, el Ministerio consideró “previsible” que, en las próximas semanas, el Parlamento dé luz verde a la Ley de Jurisdicción Voluntaria y a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El proyecto de ley que concede la nacionalidad española a los sefardíes, aprobado ayer en la Cámara Baja, permitirá que se abra el proceso para iniciar los trámites a partir del próximo 1 de octubre y durante tres años a través de procedimiento electrónico. Los requisitos para poder solicitar la nacionalidad española son acreditar convenientemente la condición de sefardí y la especial vinculación con España.

Por su parte, la reforma del baremo de las indemnizaciones por accidente de tráfico actualiza la norma "adaptándola a la realidad social actual", de manera que “se fomenta la rápida resolución de los conflictos” y se “potencian los acuerdos extrajudiciales”.

DERECHOS DE LOS DETENIDOS

Además, según Justicia, la nueva ley permitirá "incrementar la protección" a las víctimas de accidentes de circulación mediante la garantía de una indemnización “suficiente”, lo que sitúa a España a “la altura de las reformas” que en el ámbito comunitario se han emprendido en relación con el seguro del automóvil.

La reforma de la Ley Hipotecaria y la Ley del Catastro Inmobiliario permitirá el intercambio de datos entre el Catastro y el Registro de la Propiedad, "mejorando la coordinación" entre ambos y "evitando así 22.000 declaraciones presenciales al año".

Sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), el ministerio prevé un periodo ordinario de seis meses de instrucción en causas sencillas y de 18 en las complejas, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses.

Además, se modifica el término judicial ‘imputado’ que pasará a denominarse ‘investigado’ en una primera fase y ‘encausado’ si se mantiene la acusación a medida que avanza la investigación.

Asimismo, esta reforma velará por la “protección” y el “respeto” a los derechos constitucionales de los detenidos en el momento en que se practique su arresto y en los traslados posteriores.