Estrada pasó hoy a disposición del juez en la Audiencia Nacional para declarar tras su detención, ayer, en el marco de la segunda fase de la `operación Púnica´ a cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El magistrado ha decretado para ambos libertad sin fianza.

Los dos siguen imputados en esta causa y tienen obligación de comparecer mensualmente en el juzgado. La Fiscalía ha pedido una fianza 50.000 euros, pero el juez ha rechazado esa medida cautelar.

También estaban citados a declarar este jueves el empresario Alejandro de Pedro y el exdiputado autonómico del PP y alcalde en funciones de Sevilla la Nueva Mario Utrilla. Los dos llegaron a las 9.30 de la mañana para someterse al interrogatorio del juez, que ha suspendido la sesión de trabajo para comer hasta las tres y media de la tarde.

Tras 16 años al frente del consistorio, Estrada se enfrenta a un proceso en el que tendrá que dar explicaciones sobre los contratos suscritos con empresas de la trama `Púnica´. La Guardia Civil registró el martes la sede del ayuntamiento por orden judicial en busca de todos los contratos relacionados con este entramado de corrupción.

El propio Estrada escribía ayer en su perfil de la red social Twitter que "el tiempo coloca todo y a tod@s en su sitio. Confianza, tranquilidad y mucho ánimo". Dos años antes, en mayo de 2013, el edil presumía en este mismo foro de haber suscrito un contrato de 3,5 millones de euros con la empresa de eficiencia energética Cofely, que ahora está siendo investigada.

Moraleja de Enmedio es un municipio de apenas 5.000 habitantes situado al sur de la Comunidad de Madrid. Ahora está siendo investigado por su participación en la red clientelar de tráfico de influencias para la adjudicación de contratos municipales en Madrid, León, Valencia y Murcia.

La filial de la multinacional francesa GDF Suez, Cofely, firmó contratos con muchos ayuntamientos de Madrid que estaban bajo la órbita del exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados, ahora en prisión preventiva, a cambio de presuntas comisiones de entre el 2 y 3%.

NUEVOS INTERROGATORIOS

El juez Velasco comienza hoy una nueva ronda de interrogatorios relacionados con la 'trama Púnica' de presunta corrupción en ayuntamientos y comunidades autónomas. Este jueves ha vuelto a citar para declarar a Alejando de Pedro, que presuntamente actuaba como conseguidor de contratos de las administraciones públicas a cambio de comisiones.

El día 18 será el turno del empresario David Marjaliza, considerado el cabecilla de la 'trama Púnica'. También tomará declaración a lo largo de este mes a cinco exresponsables políticos del PP de Madrid y Murcia.

El magistrado vuelve a llamar a los dos empresarios para que le aclaren nuevos datos obtenidos durante la investigación. Marjaliza deberá responder por presuntas operaciones de lavado de dinero en Singapur y operaciones con obras de arte en Suiza. Además, el juez quiera que De Pedro le aclare algunos datos que resultan contradictorios con su declaración anterior. Según los indicios recogidos durante la instrucción, el tipo de empresa que tenía y el número de trabajadores contratados hacen dudar de su eficacia para contratar con las administraciones públicas en León, Madrid y Murcia.

El magistrado tampoco tiene clara la relación con otras empresas, ni ciertos pagos a Indra. Velasco agiliza así la toma de declaración a todos los implicados en este caso de corrupción, para dejarlo cerrado antes de las vacaciones de verano.

Velasco ya citó a declarar como imputados por la 'operación Púnica' a los entonces consejeros de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria y Lucía Figar, que han dimitido como responsables de los departamentos de Presidencia y Educación, respectivamente. También citaba a declarar como imputados a los diputados del PP en la Asamblea de Madrid Mario Utrilla y José Miguel Moreno y al consejero de Industria y Turismo de Murcia, Juan Carlos Ruiz. Utrilla está citado a declarar el 11 de junio, Moreno el 18, Ruiz el 22 y Victoria y Figar están citados el día 26 de junio.

El 'caso Púnica' investiga el pago de comisiones a cambio de contratos públicos en municipios y comunidades autónomas. El máximo responsable político imputado es el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, que está en prisión provisional.