Según explica agricultura, estos silos tuvieron su principal actividad entre 1950 y 1990. En un principio, la gestión de los silos estaba a cargo de los organismos antecesores del FEGA.

Posteriormente, a partir de 1995, y con motivo de las trasferencias de competencias agrarias a las comunidades autónomas, también se traspasaron medios materiales, entre ellos los silos.

En algunos casos se transfirió la titularidad de los silos y en otros sólo su uso, siendo estos últimos los que actualmente conforman la Red Básica de Almacenamiento Público del FEGA.

Las reformas de la Política Agraria Común (PAC) de 1992 y 2003 conllevaron una modificación de los sistemas de intervención pública de los mercados de cereales, lo que supuso una paulatina caída en desuso de los silos.

Tras la falta de actividad en esos edificios y mediante sendas Órdenes Ministeriales (11 de abril y 20 de junio de 2014), los silos fueron desafectados al no considerarlos necesarios para su uso público. Al mismo tiempo, se procedió a la depuración jurídica y física de cada inmueble y a su tasación.

Posteriormente, se ofreció la posibilidad de adquisición directa de los silos a las administraciones públicas que pudieran estar interesadas (ayuntamientos y diputaciones provinciales), sin que ninguna de ellas decidiese su compra.