Los datos revelan que el crédito comercial en mora representaba a finales de 2014 el 70,8% del total de facturas pendientes de pago. A su vez, la morosidad empresarial se redujo en seis décimas en el último trimestre del 2014 y cerró el año en 94,2 puntos, el menor registro del año, según el Índice Sintético de Morosidad Empresarial, apuntado en el Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial elaborado por la confederación y la Dirección General de Industria de la Pyme.

El director asociado de AFI Consultores, José Antonio Herce, explicó que el informe revela que tanto los períodos medios de pago como el crédito comercial en mora, han experimentado una reducción en el último trimestre de 2014, de 82,6 a 81,5 días, que aún están lejos de los 60 que marca la ley.

Además, la morosidad de dudoso cobro se mantiene en niveles muy elevados tanto es así que, en diciembre de 2014, el período medio de impago se situó en 1.086 días, lo que supone que durante 2014 el período medio de impago ha crecido en 84 días.

Por otro lado, el coste financiero de la deuda comercial entre las empresas fue de 1.611 millones de euros en 2014, lo que, pese a la tendencia a la baja que se viene registrando en los últimos meses, sigue siendo un nivel muy elevado que equivale al 0’1% del PIB.

Por tamaño de las empresas deudoras, las pequeñas presentan plazos medios de impago alrededor de 88 días menores que las grandes y 123 días menores que las empresas medianas, según el informe.

Herce indicó que 2015 “será un año importante”, ya que se están introduciendo reformas que alterarán “para bien” la situación de las pequeñas y medianas empresas. Añadió que es un “año abierto a las propuestas adicionales a esta materia” y que es importante que las empresas y los trabajadores autónomos “que afrontan una responsabilidad cuasi empresarial” lleven procesos ordenados de las deudas.

Calificó de importantes los efectos de la ley de segunda oportunidad, vigente desde febrero de este año, ya que la misma busca crear instancias prejudiciales incluso a la intervención administrativa ordinaria de una empresa en dificultades de pago.

Asimismo, dijo que el interés de la ley no es solo ordenar los flujos de cobro sino que también busca “preservar la viabilidad de las empresas” cuando estas entren en concurso de acreedores para evitar la costumbre de acudir a estas instancias cuando “ya es demasiado tarde”.

Por su parte, el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, apuntó que las líneas de mejora, como la ley de segunda oportunidad, “son favorables” y que “siempre serán bien recibidas”. Pese a la inestabilidad política, abogó por una “estabilidad presupuestaria” de manera a que se siga en la misma línea porque en “una empresa, cuando está bien, las cosas no se cambian”, afirmó.