Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la publicación de estas sentencias "respeta los derechos fundamentales, como el derecho al honor y la protección de datos personales".

En este sentido, el Gobierno regulará el acceso a la información judicial de las sentencias para poder publicar los delitos de esta naturaleza, siempre y cuando sean sentencias condenatorias firmes. En concreto, Sáenz de Santamaría puntualizó que para ello se aprobará una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Gobierno explica que la publicación de las sentencias de los defraudadores podrá evitarse si el afectado satisface el importe de la deuda pendiente antes de que la sentencia sea firme e "inatacable".

La vicepresidenta confirmó que las sentencias aparecerán publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), si bien se "salvaguardarán los derechos" de las personas que aparezcan en estos expedientes pero no hayan sido condenados de manera firme.

Sáenz de Santamaría recordó que será sólo para delitos firmes contra la Hacienda Pública, la insolvencia punible y los delitos de contrabando.

En esta línea, apuntó que en 2014 se registraron un total de 343 procesos penales con delitos contra la Hacienda Pública.

RETROACTIVIDAD

La 'número dos' del Ejecutivo subrayó que la medida aprobada es de carácter procesal y no sancionador.

En cuanto a la retroactividad de la norma, la vicepresidenta desveló que el Gobierno ha optado por "un nivel medio".

Así, si los hechos delictivos se produjeron con anterioridad a la aprobación de la norma, pero la sentencia es posterior, ésta podrá publicarse.

La vicepresidenta dijo que el tiempo medio de la tramitación de estos delitos se aproxima a los 2.331 días, es decir, 6,4 años.