El portavoz de Amnistía Internacional en España, Ángel Gonzalo, lamentó, en declaraciones a Servimedia, que “con los datos que han salido a la luz” sobre presunta corrupción que ha llevado al Departamento de Justicia de Estados Unidos a la detención de varios altos cargos de la FIFA y con las investigaciones llevadas a cabo por AI, Human Rights Watch (HRW) y otras organizaciones de derechos humanos “no haya habido una respuesta contundente de los dos candidatos en liza para abordar las cuestiones de derechos humanos”.

“Es una decepción para Amnistía Internacional. Vamos a seguir trabajando con la FIFA, como venimos haciéndolo en los últimos años, para que se respeten los derechos humanos, concretamente los derechos laborales en Qatar, que es ahora mismo el principal foco de atención y donde se celebrará el Mundial de 2022, pero no el único porque antes tendrá lugar el Mundial en Rusia, un país donde ocurren serias violaciones de los derechos humanos en cuestiones de libertad de expresión o la legalización de organizaciones críticas con el Gobierno de Putin”, explicó.

Gonzalo subrayó que “la FIFA es un actor fundamental en el escenario internacional en cuanto a eventos deportivos y ahí tiene que haber un compromiso con los derechos humanos, no se puede mirar hacia otro lado”.

ENCUESTA

El portavoz de AI en España se refirió a una encuesta de la Alianza Deporte y Derechos (coalición de destacadas ONG, organizaciones deportivas y sindicatos), que envió el pasado mes de abril a los candidatos a presidir la FIFA un cuestionario con preguntas concretas sobre abusos vinculados al Mundial de Rusia 2018 y de Qatar 2022, así como sobre el proceso de reforma de la FIFA.

A los candidatos se les pidió que contestaran sobre las crisis de derechos humanos y transparencia que rodean las ediciones de los Mundiales de fútbol y la labor general de la FIFA. Ni Blatter ni Hussein adquirieron un compromiso personal detallado de abordar esas cuestiones.

A pesar de las numerosas denuncias de corrupción y controversias sobre motivos de preocupación en materia de derechos humanos durante sus 17 años al mando, Blatter, presidente de la FIFA en ejercicio, no adquirió compromiso personal alguno de abordar estos asuntos. En su lugar, su oficina emitió una declaración que subrayaba la labor que el máximo organismo mundial del fútbol ha realizado para atajar la corrupción y señalaba una revisión del proceso electoral en relación con los derechos humanos, las normas laborales, la sostenibilidad y las medidas contra la corrupción.

La oficina de Hussein, actual vicepresidente de la FIFA, respondió diciendo que estaba "demasiado ocupado" para responder y remitió a la Alianza Deporte y Derechos a su manifiesto y anteriores declaraciones en este sentido.

ABUSOS EN QATAR

Por otro lado, Amnistía Internacional (AI) afirma en un informe hecho público el pasado 21 de mayo que las esperanzas depositadas por las promesas del Gobierno de Qatar de mejorar los derechos laborales de los trabajadores migrantes ante la celebración del Mundial de Fútbol de 2022 “se desvanecen a toda velocidad” porque la preparación de este acontecimiento deportivo se asienta sobre abusos a estas personas.

Entonces, esta organización indicó que la FIFA celebrará hoy elecciones a la Presidencia con la “responsabilidad clara de dar prioridad al asunto de la explotación de los trabajadores migrantes en Qatar” y de hacer un llamamiento a las autoridades qataríes, en público y en privado, para que adopten reformas eficaces destinadas a proteger sus derechos.

“La FIFA ha dedicado mucho tiempo, dinero y capital político a investigar la presunta corrupción en las licitaciones a Rusia y Qatar para ser sedes del Mundial de Fútbol, y ha dudado sobre la programación de la competición. Pero la organización aún no ha demostrado un compromiso real para garantizar que Qatar 2022 no se construye sobre cimientos de explotación y abuso”, recalcó Mustafa Qadri, investigador de Amnistía Internacional sobre los derechos de las personas migrantes en el Golfo Pérsico.

Por ello, Qadri indicó que la FIFA debe trabajar “en estrecha colaboración” con el Gobierno qatarí, el Consejo Supremo de Qatar 2022, las principales empresas asociadas y otros responsables del campeonato para “prevenir los abusos asociados a la organización del Mundial".