El pasado 21 de mayo el juez acordó imponer a Rato una fianza de 18 millones de euros como condición previa para levantar el embargo de sus cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y fondos de pensiones.

El Juzgado de Instrucción 31 de Madrid se ocupa de investigar al exvicepresidente económico Rodrigo Rato por cinco delitos contra la Hacienda Pública, alzamiento y blanqueo de capitales, por decisión de la Audiencia Provincial que se ha inclinado por seguir el criterio de la Fiscalía Anticorrupción que se opuso a que fuera la Audiencia Nacional la encargada de la instrucción.

Tras rechazarse la personación del sindicato Manos Limpias como acusación particular, sólo está personada en el caso la Fiscalía Anticorrupción y la defensa del investigado.

La Fiscalía de Madrid apuntó en su momento que Rato estaba llevando a cabo "actos" para evitar pagar las fianzas por los procedimientos que investigan la salida a Bolsa de Bankia y el uso de 'tarjetas opacas'. Sin embargo, en el auto en el que se acordaba la competencia del juzgado número 31, la Audiencia Provincial indicaba que las responsabilidades pecuniarias en esas causas han quedado cubiertas, ya que "en la primera se ha depositado una fianza de 800 millones y en la segunda Rato ha depositado tres millones.

La Audiencia Nacional rebajó después la caución de 800 a 34 millones por responsabilidad civil impuesta a Bankia, su matriz, el Banco Financiera y de Ahorros (BFA), y cuatro antiguos miembros de su cúpula, entre ellos su expresidente Rodrigo Rato.