Las quejas, que envían los propios internos, sus familiares o las organizaciones no gubernamentales, corresponden a cárceles de 27 países.

La demora en los expedientes de traslado para cumplir sus condenas en España, y las dificultades procesales en el desarrollo de los juicios, centran sus quejas.

En el estudio, la Defensora del Pueblo ha recomendado que se regulen los supuestos en el que los españoles residentes en el exterior que carezcan de recursos económicos puedan acceder a la asistencia jurídica gratuita. La Institución solicita la creación de servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria en los consulados de Iberoamérica.

También ha pedido que se refuercen los medios personales y materiales en los consulados que atienden a un mayor número de presos, y que se mejoren los canales de comunicación entre los familiares y las autoridades consulares.

Además, aboga por establecer mecanismos de ayuda para los españoles en libertad condicional o provisional en el extranjero que no pueden abandonar el país al tener pendientes responsabilidades penales.

Para la institución, es importante continuar con los esfuerzos para reducir los tiempos de tramitación de la ejecución de los expedientes de traslado, una vez que han sido aprobados.

Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a 30 de diciembre de 2014 había 1.735 ciudadanos españoles cumpliendo condena en cárceles extranjeras. Cuatro de cada cinco por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

En estas visitas realizadas por el Defensor del Pueblo se ha podido comprobar la importante labor asistencial y humanitaria que realizan los consulados españoles en el exterior y las organizaciones humanitarias. También se ha contado con la colaboración de las instituciones equivalentes de los países donde se encuentran los reclusos españoles.