El citado acuerdo tiene como objeto establecer pautas de colaboración entre la Consejería de Asuntos Sociales y la Federación para regular el “procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación”, regulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, en todo lo referente a las cualificaciones de profesionales de atención sociosanitaria a personas dependientes.

Este convenio pretende, además, según informa Famma, "impulsar una acreditación homogénea, el fomento de unos estándares que garanticen que la atención sociosanitaria que se brinda a las personas dependientes sea óptima, garantizando para ello unos mínimos de calidad exigibles".

Para el reconocimiento de las competencias profesionales se habilitará un procedimiento a través de una convocatoria única dirigida a las personas que prestan este tipo de atención en domicilios o instituciones sociales, tanto si se encuentran en activo como en situación de suspensión de la relación laboral con derecho a reserva del puesto de trabajo.

Para la realización de este procedimiento, la Dirección General de Coordinación de la Dependencia de la Comunidad pondrá en marcha un servicio de información y orientación en relación a las fases del mismo, su naturaleza, así como sobre derechos y obligaciones, y sobre la acreditación oficial y sus efectos.

El proceso para la obtención de esta acreditación de competencias profesionales constará de las siguientes fases: asesoramiento, evaluación, acreditación y registro de la competencia.

Una comisión de seguimiento del convenio será la encargada de coordinar y supervisar las actuaciones que se llevarán a cabo en el convenio, con el fin de que la Administración y Famma, junto a otras entidades, cooperen conjuntamente para la promover la acreditación que se persigue.