En una nota de prensa, este sindicato afirma que el Gobierno debería impulsar un plan de recursos humanos para analizar las necesidades de personal en los diferentes ámbitos y reforzar las plantillas con contratos de calidad en aquellas áreas de las administraciones públicas que sea necesario.

Según CSI-F, la temporalidad en el conjunto de la Administración se sitúa en torno al 25 por ciento, pero asegura que en algunos ámbitos como en la Sanidad, la práctica totalidad de los contratos que se han producido desde el comienzo de la crisis son interinos, por la ausencia de ofertas públicas de empleo.

Por otra parte, considera que, en el ámbito estricto de las empresas públicas, el Gobierno debería de cumplir la ley y convertir en contratos fijos todos aquellos que en un periodo de 30 meses hayan estado contratados durante un plazo superior a 24 meses.

Por último, denuncia que los contratos temporales en la Administración sufren una discriminación respecto al sector privado, ya que mientras en este último las extinciones llevan consigo una indemnización de 12 días por año trabajado, en el ámbito público no existe ninguna contraprestación económica.