Los letrados presentaron esta mañana un escrito en el CGPJ en el que aseguran que es “una temeridad o actividad de alto riesgo por parte de los componentes de la Comisión Permanente de ese Consejo el permitir que el magistrado Garzón siga desempeñando sus funciones” y ejerciendo como juez.

Los querellantes consideran que el auto dictado el pasado jueves por el instructor de la causa contra Garzón, el magistrado del Supremo Luciano Varela, “no deja otra posibilidad al Consejo que acordar de inmediato la suspensión” del juez de la Audiencia Nacional.

El auto de Valera situó a Garzón a las puertas de ser juzgado por un delito de prevaricación que presuntamente habría cometido al investigar los crímenes de la dictadura de Franco. El instructor afirmó que el juez de la Audiencia Nacional "decidió conscientemente ignorar y orillar" la legislación vigente con su investigación.

La política disciplinaria del Consejo establece que en las causas donde la Fiscalía no ejerce la acusación, lo que es el caso del procedimiento contra Garzón, no se suspende al juez en sus funciones hasta que no es procesado, es decir, hasta que no es llevado a juicio.

Los letrados, según señalan en su escrito, consideran que el auto dictado por Varela “equivale de todo punto a un procesamiento”.

Por lo tanto, Mazón y Panea piden al CGPJ que cumpla lo dispuesto en el artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ordena la suspensión de los jueces cuando se proceda contra ellos por delito doloso cometido en el ejercicio de sus funciones.

Dentro del CGPJ, será la Comisión Permanente el órgano que deberá decidir si suspende finalmente a Garzón en sus funciones a la espera de que sea juzgado y se resuelva su caso.

La Comisión Permanente esta compuesta por los vocales Margarita Robles, Almudena Lastra, Manuel Almenar y Antonio Dorado Picón y por el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar. Fuentes del Consejo señalaron que, en el caso de Garzón, los vocales de la Comisión Permanente “tienen poco margen de maniobra”.