En todos esos aspectos, la última legislatura ha sido fuente de discrepancias importantes entre la abogacía y el Ministerio, antes regido por Alberto Ruiz Gallardón, que implantó las tasas judiciales.

"Nada más inteligente y beneficioso para los ciudadanos que abogacía y Gobierno avancen en la misma dirección", dijo el ministro, si lo que queremos es "prestar los mejores sevicios a los ciudadsnaos y adecuarnos a los nuevos tiempos".

Català citó expresamente los conflictos generados por la aplicacion de tasas, la regulación de los colegios y la gestión del turno de oficio y la justicia gratuita.

El ministro confirmó su deseo de de "llevar a cabo las reformas (legislativas) desde diálogo, el consenso y la participación. No creo que haya nada mejor que el diálogo praa conseguir resultados", insistió.

Bajo su punto de vista, el Gobierno está "acreditando" su voluntad de diálogo en todos estos asuntos y garantizó que desde el Ejecutivo "trabajaremos con la máxima lealtad".

Insistió también en la necesidad de adaptar la administración de justicia a las nuevas tecnologías y reafirmó su intención de implantar las comunicaciones telemáticas entre profesionales y administraciones desde el primero de enero de 2016.