24-M. Podemos cerrará los CIE, aprobará un plan contra el racismo y limitará las identificaciones policiales

MADRID
SERVIMEDIA

Podemos plantea en su programa marco electoral para los comicios del 24-M, en materia de inmigración, el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), un plan de lucha contra el racismo y la xenofobia, y la restricción de las identificaciones policiales basadas en el perfil étnico.

Es una de las propuestas electorales de la formación para las elecciones del próximo día 24, entre las cuales también se encuentra la creación de una Oficina Antifraude, como “un organismo de investigación y de prevención”, que será “multidisciplinar” y que “se especializará en los delitos relacionados con la corrupción política y económica en el ámbito de las competencias de cada comunidad autónoma y realizará las funciones de análisis de riesgos, de investigación permanente y de denuncia de los hechos susceptibles de constituir su objeto”.

Además, el partido incluye la creación de la Oficina Virtual del Funcionariado, que “permitirá a los funcionarios públicos señalar de forma anónima los expedientes administrativos que juzguen irregulares a las instituciones de control y prevención, que tendrán un acceso ilimitado a ellos”.

Asimismo, existirá protección laboral a los empleados públicos denunciantes o testigos en procesos de corrupción, así como la modificación de las leyes de función pública autonómicas “para evitar represalias laborales a las personas que hayan colaborado en la persecución de delitos de corrupción”.

OBLIGACIONES DE CARGOS PÚBLICOS

En cuanto a las medidas de transparencia para las instituciones, Podemos plantea una ley de transparencia autonómica, para “superar el marco normativo existente y garantizar el acceso real a la información con leyes de transparencia autonómicas efectivas”.

Esta norma se articulará a partir del acceso a información prioritaria de cargos electos -como diputados y diputadas- y de libre designación.

“Todos ellos deberán realizar una declaración anual de bienes. La primera será previa a la toma de posesión del cargo", y posteriormente realizarán una declaración de gastos mensuales relativos al ejercicio de su función (gastos de representación, telefonía, etcétera).

Además, deberán informar de su agenda pública, "donde se especificará a qué entidades representan las visitas y qué se ha tratado en las reuniones, además de incluir cualquier documento que se haya debatido”, informa Podemos.

Esta norma de transparencia recogerá también cuatro medidas de contratación pública. “Hacer públicos todos los contratos con antelación suficiente para evitar monopolios: una vez aprobado el presupuesto anual, se hará una jornada de explicación de los proyectos que impliquen licitación pública durante el año”, explica el partido.

En esta línea, aseguran que los contratos públicos de cualquier departamento deberán ser accesibles sin incumplir la Ley de Protección de Datos. También proponen una base de datos de contrataciones y licitaciones. “Una de las exigencias que deberá cumplir toda licitación pública será que las empresas que opten a ella se comprometan a enviar la documentación relativa a la contratación con la Administración Pública en formatos abiertos, lo cual facilitará su publicación en la red”, manifiestan.

PROHIBIR LAS PUERTAS GIRATORIAS

En la batería de propuestas contra la corrupción, Podemos recoge la aprobación de una ley de prohibición de las denominadas ‘puertas giratorias’ y de regulación de lobbies.

“Con esta ley se regularán las ‘organizaciones de intereses’ en cada comunidad autónoma y sus relaciones con los altos cargos. También se regulará su capacidad de influir en la elaboración de normas autonómicas, así como la prohibición de las ‘puertas giratorias’”, propone Podemos.

La rendición de cuentas, además, debe ir encaminada “a evaluar, por un lado, el grado de cumplimiento de los compromisos y, por otro, las actuaciones reflejadas tanto en los programas electorales como en los posibles planes estratégicos de las administraciones”.

Para Podemos, es necesario avanzar hacia el desarrollo de una contabilidad analítica de las diferentes actividades y servicios de los organismos públicos, de manera que permita conocer y difundir los costes reales de cada actuación y de cada política pública. “La ciudadanía quiere saber no sólo en qué gastan las administraciones sus impuestos, sino qué resultados se obtienen con dicho gasto y si ese gasto está justificado desde el punto de vista de la mayoría”, expone el partido.

(SERVIMEDIA)
05 Mayo 2015
JRN/gja