En concreto, de las 3.884 medidas ejecutadas, 3.155 eran en medio abierto y 729 cerrado. Además de la ejecución de medidas judiciales de internamiento, el

Gobierno regional tiene entre sus competencias, el cumplimiento de las medidas que dicta tal un juez que no requieren internamiento en un centro.

Estas medidas no privativas de libertad incluyen las reparaciones extrajudiciales, que supone una mediación entre el menor y la víctima encaminado a buscar acuerdos para la reparación del daño causado por la conducta infractora, así como el desarrollo de actuaciones educativas, sociales, terapéuticas encaminadas a la inserción de los menores.

El Consejo de Gobierno, aprobó hoy la contratación, por procedimiento abierto, del Programa de Reparaciones Extrajudiciales y de Desarrollo Educativos, por un importe de 717.779 euros hasta diciembre de 2016.

El Área de Menores en Conflicto Social de ARRMI, encargado de la ejecución de las medias en medio abierto, se organiza en dos programas: Reparaciones Extrajudiciales y Ejecución de Medidas en Medio Abierto.

Salvador Victoria recordó que el Gobierno regional sigue teniendo entre sus prioridades la generación de las condiciones necesarias para ayudar a los menores infractores a reinsertarse con plenas garantías en la sociedad, y lo que es más importante, que no reincidan.

“Algo que parece lo estamos consiguiendo según los datos publicados por el INE que confirman que la Comunidad de Madrid cuenta con el índice de reinserción más alto de España, con un 90%” explicó.

Dentro las medidas en medio abierto se incluyen la libertad vigilada, que es la más común, convivencia con otra familia o grupo educativos, prestaciones en beneficio de la comunidad, realización de tareas socioeducativa, el tratamiento ambulatorio, asistencia a un centro ded día, permanencia de fin de semana en domicilio, así como tareas y actividades de reparación extrajudicial, que es un tipo de medida que supone una mediación entre el menor y la víctima, encaminado a buscar acuerdos para la reparación del daño causado por la conducta infractora, que suele traducirse en tareas socioeducativas, reparación del daño o prestaciones en servicio de la comunidad.

En 2014, se ejecutaron 561 reparaciones extrajudiciales de las cuales, el 53% fueron reparaciones sociales, el 18% tareas socioeducativas y 9,5% conciliación.

De total de menores a los que se les impuso esta medida (464), el 71% (332) eran chicos y el 24,45% (132), mujeres. El perfil es el de un joven de entre 16 y 18 años de nacionalidad española.