Con dichos cambios se pretende "incentivar la colaboración y cooperación entre autoridades con competencia para iniciar procedimientos sancionadores en materia laboral en los distintos Estados miembros" de la Unión Europea, adaptando la normativa española a la directiva europea sobre el libre acceso a las actividades de servicios.

En el proyecto de norma se recogen las modificaciones que representan la posibilidad de valoración por el inspector actuante como medio de prueba de datos o antecedentes que le suministren otras Administraciones Públicas de la Unión Europea; y la interrupción de los plazos de caducidad por imposibilidad de obtener información debido a dificultades en la cooperación administrativa internacional.

Estas modificaciones también pasan por atribuir a la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la competencia exclusiva en cuanto a funciones de colaboración y asistencia administrativa en la Unión Europea en asuntos relacionados con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Por su parte, la modificación del reglamento general para la imposición de sanciones incluye la posibilidad de interrumpir los plazos de caducidad por imposibilidad de obtener información debido a dificultades en la cooperación administrativa internacional.

Estos cambios también asegurarán la colaboración y la cooperación entre autoridades con competencia para iniciar procedimientos sancionadores en los distintos Estados miembros, mediante la comunicación de hechos que pueden dar lugar a sanciones por otros Estados miembros.