El Ministerio Público, tras haber ampliado su estudio de calidad del aire a los últimos cinco años, concluye que en la ciudad de Madrid se han superado los límites de forma sistemática, por lo que el aire en Madrid está notablemente contaminado. En estos supuestos, la ley establece que la comunidad autónoma debe informar a la población, con independencia de que también lo haga el propio Ayuntamiento.

La Fiscalía recuerda que el incumplimiento de este deber afecta al derecho a la integridad física y a la salud de las personas, por lo que requiere a la citada Consejería a que en el plazo de tres meses proporcione toda la información medioambiental necesaria referida a la contaminación atmosférica para que la población madrileña conozca esos datos que pueden afectar a su salud.